D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA
MADRID. La historia de José Luis Cau Aldanur, detenido por la Policía francesa por su presunta pertenencia a una red de extorsión de ETA, es la de los últimos dieciséis años del «impuesto revolucionario» a empresarios vascos y navarros. Era uno de los enlaces clave de la zona de Bayona y, en concreto, por sus manos pasó el pago que la familia de Julio Iglesias Zamora tuvo que hacer a la banda para la puesta en libertad del ingeniero, secuestrado el 5 de julio de 1993 y liberado 116 días después. Ahora, en la operación desarrollada por los jueces Laurence Le Vert y Fernando Grande-Marlaska, la Policía encontró en la casa de Cau un recibo por importe de 64.000 euros que acredita el abono de un empresario durante la tregua. Además, los investigadores esperan encontrar, entre el material intervenido, un listado de industriales que incluiría información sobre pagos realizados y pendientes.
Las primeras pistas que tuvieron las fuerzas policiales sobre la vinculación de José Luis Cau a ETA surgieron de los seguimientos a José Luis Arrieta Zubimendi, «Azkoiti», en la década de los noventa, tras quedar en libertad vigilada pese a que tenía una petición de extradición por parte de España por su relación con el «comando itinerante». «Azkoiti» obtuvo este privilegio porque el Gobierno español y el francés, con el apoyo del PNV, habían abierto un «carril de negociación», llamado «vía Azkoiti» a través de este etarra. Pero el terrorista lo que hizo fue aprovechar la excarcelación para huir y reincorporarse a la dirección de ETA hasta su fallecimiento en julio de 2001.
Juntos en Sokoa
En aquellas fechas «Azkoiti», jefe del «aparato de finanzas», era seguido de forma discreta y controlada por el interés del Gobierno de Felipe González en explorar vías de negociación con la banda y esas vigilancias llevaron a José Luis Cau, que conocía a Arrieta Zubimendi de haber trabajado juntos en la cooperativa de muebles «Sokoa», donde en noviembre de 1986 se encontró la contabilidad de ETA -incluía partidas para financiar grupos como Herri Batasuna o Jarrai- y un amplio listado de empresarios que pagaron el «impuesto revolucionario».
La cita detectada entre «Azkoiti» y José Luis Cau tuvo consecuencias en el futuro. Una de ellas sobre el secuestro del ingeniero Julio Iglesias Zamora, que el 5 de julio de 1993 fue abordado por un «comando» etarra cuando se dirigía desde su casa a la empresa Ikusi, situada a las afueras de San Sebastián. Semanas después del secuestro se produjo un encuentro en el sur de Francia entre un familiar de Iglesias Zamora y Cau Aldanur. El motivo de la cita era una entrega de dinero a la que seguirían otras después de la liberación del ingeniero guipuzcoano.
Uno de los datos que se tiene sobre la cantidad que la familia pagó a la banda se obtuvo en noviembre de 1994, cuando la Policía francesa desmanteló una fábrica de explosivos subterránea en una casa situada en Mouguerre. En su interior, los agentes detuvieron a Jesús María López Castañares , «Josu de Beasain», y a Pedro Múgica Garmendia, «Kepa de Ordicia» -hermano de Francisco Múgica, «Pakito»-, y se incautaron de diverso material, así como de 155 millones de pesetas (un millón de euros), procedentes de uno de los plazos que pagó la familia de Iglesias Zamora por el rescate.
El nombre de José Luis Cau -por encima de él estaba Eloy Uriarte, «El señor Robles», otro históricos de las finanzas etarras- ha aparecido en varias de las investigaciones sobre el entramado económico de la banda y en concreto sobre el «impuesto revolucionario». Una de ellas no pudo avanzar porque en 2000 fue detenido por la Policía francesa en una operación considerada menor y que vino a frustrar líneas de investigación sobre el pago del chantaje a través de Joseba Imanol Elosúa, propietario del bar «El Faisán», «ventanilla» para los empresarios extorsionados.
