MANUEL TRILLO

ZARAGOZA. Un informe jurídico firmado por la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón rechaza la pretensión del Gobierno de Marcelino Iglesias de trasladar a la Cámara legislativa, con motivo del proyecto para llevar agua del Ebro a Barcelona, la elaboración del informe previsto en el nuevo Estatuto de Autonomía ante posibles trasvases.

De esta manera, los servicios jurídicos del Legislativo aragonés dan un severo varapalo a la estrategia plasmada en el acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado día 16 y con la que Iglesias implicaba al resto de fuerzas parlamentarias en la respuesta a lo pactado entre el Gobierno central y la Generalitat. De todas formas, el presidente aragonés, sin esperar a ningún informe, ya ha adelantado que, para él, la operación para llevar agua del Ebro a Barcelona no es un trasvase.

Puede someterlo luego a debate

En el acuerdo del día 16, el Ejecutivo PSOE-PAR instaba a la Administración del Estado a aportar toda la información sobre el proyecto, encargaba a sus propios servicios jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad un informe sobre la naturaleza del proyecto y, en tercer lugar, instaba a las Cortes de Aragón a que, como «medida preventiva», iniciara la «elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, poniendo a disposición de las Cortes los medios técnicos del Gobierno». El consejero de Presidencia, Javier Velasco, trasladó este último punto a la Cámara en un escrito -aunque con retoques en la redacción, como sustituir el verbo «instar» por «solicitar»-, que es sobre el que se pronuncia el documento de la Letrada Mayor de las Cortes.

Pues bien, el documento de 13 folios, al que ha tenido acceso ABC y que hoy analizará la Mesa de las Cortes, es contundente al señalar que «no corresponde a las Cortes de Aragón iniciar el procedimiento para la elaboración del informe previsto» en el artículo 72.3 del texto estatutario. Según concluye la Letrada Mayor, es el propio Gobierno de Aragón el que debería elaborar el informe, lo que no impide «que éste pueda someterlo al debate y la consideración de las Cortes de Aragón a través de los mecanismos previstos en el Reglamento de la Cámara», añade.

Además, señala que, en referencia a la posible «prolongación hasta Barcelona del llamado «minitrasvase» del Ebro a Tarragona», deberá «conocerse previamente a la elaboración del mencionado informe, si esta actuación tiene carácter de «obra hidráulica» o de «transferencia de aguas» y afecta al territorio de Aragón, pues únicamente en cualquiera de estos casos será necesaria la emisión del mismo». Este informe «dada su naturaleza, corresponde emitirlo al Gobierno de Aragón», señala.

Si la Mesa asume hoy el criterio de los servicios jurídicos, deberá rechazar el planteamiento de Iglesias y forzar a que sea el Gobierno aragonés quien inicie el procedimiento al que se refiere el Estatuto. En el órgano rector de la Cámara, el PSOE tiene dos miembros, el PAR uno y el PP dos.

En concreto, el tan citado artículo 72.3 establece que «para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio». A su vez, ese artículo 19 obliga a los poderes públicos aragoneses a «velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras».

El portavoz parlamentario del PP, Antonio Suárez, ya había dicho el pasado miércoles, al conocer el acuerdo del Consejo de Gobierno, que era una «barbaridad» instar a las Cortes a hacer el informe preceptivo, ya que, a su juicio, es al Ejecutivo al que le corresponde.

FABIÁN SIMÓN

Marcelino Iglesias, durante una intervención ante el Pleno de las Cortes de Aragón