El Comité Económico y Social Europeo ha aprobado esta semana un dictamen por el cual se piden medidas de apoyo para los productores de frutas y hortalizas penalizados por el reciente acuerdo entre la UE y Marruecos. En el texto elaborado por este órgano consultivo de la Unión se indica que las consecuencias negativas que acarreará el convenio firmado con el país magrebí no se repartirán por toda Europa, sino que tendrán especial incidencia en las regiones meridionales de Europa y en el caso de España, toda la zona del sur de la Península y Canarias.
La iniciativa del informe, que será presentado en Granada el próximo 9 de marzo en la cumbre UE-Marruecos, ha corrido a cargo de Pedro Narro, de la organización agraria Asaja. En él se incide que los productores de estas regiones sufrirán directamente la apertura de las fronteras, «viendo peligrar su continuidad».
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que «son necesarias políticas a corto y medio plazo que establezcan compensaciones reales a través de líneas de apoyo complementario».
Este organismo, también es partidario de establecer controles eficaces y el cumplimiento riguroso de los contingentes de entrada, cuestión que han denunciado reiteradamente las organizaciones agrarias y los propios agricultores ante las continuas infracciones sobre los contingentes permitidos.
Además, los autores de la ponencia de Asaja ponen de manifiesto que los requisitos que se exigen a los productos agrícolas marroquíes son inferiores a los impuestos a las producciones comunitarias en materia de trazabilidad y estándares medioambientales. Por ello, el CESE considera imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos.
