En Orro, una aldea coruñesa, nació Manuel Blanco hace, en abril, 88 años. «Vivo como los osos polares del zoo, en mi parcelita; en este invierno tan frío solamente salgo para charlar con algún vecino amigo o comprar. Aquí siempre viene una furgoneta a traer el pan y un camión a repartir pescado. Mi sobrina, que es la que va hasta el pueblo, a Noia, es quien se encarga del resto. ¡Nunca me faltan los plátanos!». En su casa de dos plantas -«que es prestada», matiza- tiene una coqueta gallina que le pone un huevo diario; dos televisores también cedidos, en el dormitorio y la cocina, para enterarse de lo que sucede en el mundo; y esos periódicos que le trae su familia, a través de los que hace un seguimiento de la campaña de los comicios autonómicos.

Soltero y sin hijos, este anciano reconoce que donde más lejos ha estado ha sido en Asturias, trabajando en una mina durante doce meses. «Luego caí enfermo y no pude hacer nada más. Cobro una pensión no contributiva», relata. Se expresa y piensa en gallego, su lengua materna, y para hablar castellano traduce mentalmente. Apenas fue a la escuela. Tampoco sus cuatro hermanos. Eran otros tiempos, y había que ayudar en las tareas domésticas y cuidar a los animales. Quizás por sus reconocidas limitaciones asiste atónito al conflicto lingüístico presente. «No entiendo ni el patriotismo que hace del español una ideología; ni viceversa, cuando sucede al contrario. Sé que es malo en ambos lados y horroroso para nuestra mocedad».

Su inquietud está apoyada en el desencanto. Después de una sólida y prolongada coexistencia pacífica, el idioma es hoy en la tierra de Valle-Inclán, gallego universal, el arma arrojadiza en las elecciones del uno de marzo y la bandera de enganche del nacionalismo. Ya en 2005, cuando el BNG rubricó el bipartito con el PSOE, pretendía la Consejería de Educación. El aparato federal de Ferraz vetó entonces la ambicionada transacción porque no quería conceder tantas licencias a un partido de máximos. Derrotado en la subasta, el grupo de Anxo Quintana, número dos en el gobierno coaligado, discurrió una «vendetta». La Secretaría General de Igualdad, dependiente de su Vicepresidencia, urdió la transmutación de guarderías en «galescolas» y las incorporó en el recién creado Consorcio del Bienestar. Estos centros, para niños de hasta tres años, remedian la conciliación de la vida laboral y familiar con una lexicografía monolingüe.

Empezaron a funcionar en 2007, año en el que se aprobó el decreto ley que, como ocurre con el totalizador modelo catalán, consigna el gallego en la enseñanza sin que los padres tengan alternativa ni opción de escoger. Impone un mínimo de cincuenta horas lectivas en gallego; y, en algunos casos, esta exigencia ha derivado en una erradicación del castellano hasta en un ochenta por ciento de las clases. Chiti Trapero, de Santa María de Oia, rechaza este repliegue. Profesora de Infantil y madre de tres niños, concreta que sus vástagos, en primaria, recibirán en castellano solamente las clases de Educación Física y Alternativa a la Religión, además de Lengua y Literatura Castellana, la única forzosa. Para el bebé, el ofrecimiento es una escuela «nacional-socialista» cercana, costeada por todos, en la que miman exclusivamente en gallego.

Como ella, está indignada la viguesa Gloria Lago, que imparte inglés en un instituto y ostenta la jefatura de Galicia Bilingüe (GB). Este movimiento ciudadano afloró cuando un nutrido equipo, principalmente de padres y docentes preocupados por la legislación imperativa que abocaba al sistema a una inmersión lingüística en gallego, se unió para poder estrenar su autodenominada «lucha justa», con la que llegaron a Estrasburgo.

Crónicas inadmisibles

Las reclamaciones por la discriminación positiva se han acentuado. En las historias personales se refugia la cara más amarga del problema. Una maestra se burla de un chico de dieciséis años por ser el único del aula con libros en castellano. Una madre del rural desesperada alega que si tuviese dinero mandaría a su retoño a un colegio privado. Los alumnos que se decantan por el «idioma imperialista» para el examen tienen menos nota, o ni siquiera les puntúa la pregunta. El claustro está presionado por el equipo de normalización. La autocensura se instala en las subvenciones, y se piden en gallego por si, al contrario, son ya desestimadas.

La «galleguización» ha llegado incluso a los contenidos. En un texto de Lengua Gallega, de 2º de Bachillerato, se elogian las medidas de protección de la lengua dominada o más débil, y se ridiculiza el bilingüismo bien avenido. Otro de Sociedad, de 4º de ESO, cita el listado de diarios gallegos (y en gallego), e ilustra el texto, entre otros recursos, con una fachada del semanario «A Nosa Terra», afín al Bloque, que remolca al titular de la portada «La corrupción del PP gallego».

En las universidades -hay tres- quienes lo pasan peor son los estudiantes foráneos, incluso los de otras comunidades españolas. En la compostelana Facultad de Geografía e Historia, un corrillo de seis muchachos veinteañeros acaba de salir de un examen. Unos se expresan en gallego, otros en castellano. Paradójicamente, en el conciliábulo está la facción norte y sur de Galicia. Borja Cartelle pertenece al primer bando. Natural de Cabanas, a escasos 37 kilómetros de La Coruña, pregona una vuelta al concordato. «Porque es lo que a mí me parece bien, cada habla tiene su cultura, y yo quiero que perduren ambas. Para los que vienen de fuera, atender y contestar en gallego es muy complicado».

David Márquez, de Santiago, está en desacuerdo con las manifestaciones que proclaman una convivencia armónica porque cree que responden a «intereses políticos». Rubén Fajín, de Negreira, insiste en la idea de que «aunque haya un argot exclusivo, no se puede descuidar el otro», también oficial. Tania Amado, de Ponteceso, la única joven del grupillo, apoya hasta el «cuatrilingüismo, si es que existe esta palabra, porque yo soy gallegohablante de toda la vida y, cuando bajo hasta Madrid noto que me cuesta el cambio de registro».

En el otro clan, el austral, Raúl Silva, de Barro (Pontevedra), considera que «cuantos más lenguajes aprenda uno, muchísimo mejor»; mientras que Darío Bermúdez, de Vigo, que lleva un rato pensando, airea su propia estructura para la docencia: «Quien opine que ser bilingüe no es bueno, no sabe lo que dice; la enseñanza debería ser mitad en una y el resto en otra, ¡que cada uno elija!, o incluso que una mayor parte sea en gallego, pero sin que medie una obligación».

Las quejas llegan desde todos los gremios. No se acotan al formativo o pedagógico. A los bomberos se les ha requerido que eliminen la documentación en español; los empresarios avisan de que la cruzada idiomática deriva en fuga de compañías, directivos y profesionales valiosos que se posicionan en contra de este «arancel lingüístico»; los comerciantes no quieren renunciar a utilizar en sus negocios la opción que prefieran; los creadores gallegos tampoco, a la hora de cursar las ayudas oficiales; y los médicos, registradores y notarios temen aún más succión, a merced del programa electoral del BNG.

Emilio Pérez Touriño, presidente en funciones y aliado socialista en la Xunta, no cita a sus compañeros del otro signo en ningún mitin. Tampoco les hace críticas públicas por sus excesos con la lengua (asume que, con los frentistas, este tema es innegociable). No obstante, está intranquilo por la brecha abierta. Ya no puede negar -aunque lo hará y sus reproches se dirigirán al PP- que hay un enfrentamiento. Si se reedita la unión, y el resultado lo permite, tiene claros los cambios. En el nuevo e hipotético reparto, ansía recuperar para sus filas las «galescolas» y vigilar las áreas en las que la cuestión lingüística está sobredimensionada.

El toma y daca de los socios

Hasta la fecha, sigue a rajatabla ese acuerdo tácito, no escrito, con sus comanditarios para no atacarse mutuamente. Nunca hubo avenencia entre ellos, ni en la nomenclatura (Galiza para las áreas del BNG, y Galicia las del PSOE) ni en el nombramiento de la secretaria general de Política Lingüística, Marisol López, cuestionada durante largos meses por el nacionalismo gallego. Pero la maniobra es irrebatible: Touriño se calla los «abusos» que detecta; y Quintana sigue insistiendo en la transparencia y austeridad del gobierno autónomo, sin poner en entredicho el gasto de su colega en un A8 de 480.000 euros; muebles de 200.000 para su despacho; reformas en las tres plantas del Área de Presidencia por 2,2 millones; o 4 más para las salas de reuniones del ejecutivo, y otra decorada para las habituales comparecencias de prensa.

El actor vigués Manuel Manquiña, conocido por su glorioso papel en Airbag, respalda las reivindicaciones de Galicia Bilingüe, convencido de que hubo un retroceso y de que existe realmente un adoctrinamiento. En la manifestación del pasado 8 de febrero, en la capital gallega, Gloria Lago lo llamó «valiente, al apoyarnos, porque va a ser muy criticado». Y no erró en su cálculo. Motivó tirria, chasco, e incluso se le echó en cara que esté casado con una sobrina de Manuel Fraga, el fundador del PP. Todo, por definirse como un «español nacido en Galicia». Al menos, no lo golpearon.

Quizás porque no acudió a esta protesta, en la que un sexagenario de Lugo acabó con la ceja cortada y un ojo hinchado. Cometió un pecado: hablar por teléfono, antes de la marcha, con un móvil que mostraba en su pantalla la bandera amarilla y roja, y no la de la franja azul. Tras llamarlo españolista, lo cogieron del abrigo, recibió una patada y se cayó en el suelo con su agresor. Este asalto profetizó lo que luego vendría. Piedras, canicas, petardos, quema de contenedores, golpes, mordiscos, coceaduras...

Doscientos cincuenta independentistas, y setenta agentes desplegados que trataron de disuadirlos con la porra y pelotas de goma. ¿Sus procedencias? Las organizaciones radicales Briga, Nós-UP (que en 2001 invitó a una delegación de Batasuna a celebrar el Día de Galicia, y que en 2007 quemó una foto del Rey), Agir (que en 2003, por no celebrarse el concierto previsto del grupo navarro Berri Txarrak y el catalán Inadaptats rodearon y escupieron al edil de Seguridad Ciudadana), Isca!, AMI (que en 2006 prendió fuego a una bandera de España), Ceivar... Hubo una decena de arrestos, y todos coincidieron en que «defender la lengua no es delito», a pesar de que se recurra a métodos iracundos.

El 10 de diciembre de 2008, dos de estas agrupaciones fanáticas trocaron los guijarros por carteles vejatorios y una dialéctica injuriosa y grosera. Isca!, ligada a Movemento pola Base (corriente crítica del BNG) y Agir intentaron proporcionar una «lección de ética -en sus propias palabras- al candidato de la derecha», Alberto Núñez Feijóo, boicoteando su conferencia en el paraninfo de Ciencias Políticas, en Compostela. Abrieron un cartel en el que se podía leer «fascista» y lo abuchearon con gritos e insultos. El de Os Peares intentó conciliar e invitó a los «discrepantes» a escucharlo primero y plantear sus ideas al final, pero la oferta se declinó, y siguieron a lo suyo, hasta que se despidieron con gritos de: «independencia» y «asesino». La charla, con todo, se pronunció. Los colectivos combatientes replicaron en sus web que el profesorado de derechas estaba tras la ponencia.

Al PP también lo acusa Carlos Callón, el responsable de la subvencionada Mesa por la Normalización Lingüística (MNL), concomitante con el nacionalismo gallego. Culpa al séquito de Alberto Núñez Feijóo de abanderar la «movilización del odio y la intolerancia» y recuerda a «Galicia Bilingüe» que «no existe el derecho a la ignorancia, así que no se puede decir: a mi hijo no le enseñen las matemáticas; pues tampoco con el gallego».

El gerente de la MNL expresa un deseo: «Quisiera saber cuántos de los asistentes al acto de GB vinieron por vez primera a Galicia.., ¡No queremos autobuses de Madrid y Burgos que nos digan cómo tenemos que hablar o educar a nuestros hijos!; y lo mismo para Rosa Díez, de UPyD, en primera fila, que aquí cosechó su peor resultado; o Albert Rivera, de Ciutadans... Practican el racismo lingüístico».

Un educador, que prefiere resguardarse en el anonimato, traza con pocas palabras el dibujo de la Galicia de 2009: «Hasta ahora había dos lenguas, y daba igual la que escogieses. La cosa es que, a veces, había conversaciones en las que uno hablaba castellano y otro respondía en gallego, o a la inversa. Ahora parece que si no hablas o respondes en gallego eres el malo de la película, el que todavía no se ha enterado de cómo está el patio». Este riesgo lo conoce la escritora lucense Marta Rivera de la Cruz, víctima de un aluvión de críticas tras colgar en su blog un párrafo de apoyo a la petición de «libertad» de Galicia Bilingüe que decía: «Apoyo, sobre todo, el derecho de cada uno a elegir sin coacciones en cuál de nuestros dos idiomas quiere estudiar, trabajar y vivir».

Los locales de reunión

«Esto se está convirtiendo en un infame campo de pruebas, y nosotros no estamos dispuestos a permitir que Galicia sea, de repente, un nido de grupos terroristas, ni de la "kale borroka"». El portavoz popular del PP en Santiago, Gerardo Conde Roa, acusó directamente, tras los ataques del 8-F, a los socialistas compostelanos, por su «colaboración, complicidad y doble vara de medir», al permitir que grupos de «actividad paraterrorista» se reúnan en ciertos locales, a los que puso nombre: A Gentalha do Pichel; Centro Social Henriqueta Outeiro; y Sala Nas a, el recinto que el último 6 de diciembre amparó la «Festa da Liberdade» («Fiesta de la Libertad»), travestida en un homenaje a Ugío Caamaño -que planteó a AMI la necesidad de contactar con «etarras de alto nivel»- y Xiana Rodríguez, justo los dos fanáticos que colocaron una bomba en un cajero de Caixa Galicia el 23 de julio de 2005. El soez acto se coló en la agenda cultural del consistorio municipal, regido por el bipartito PSOE-BNG, aunque se retirase después de que ABC lo publicase.

«Sabemos dónde se juntan, y mi extrañeza es: ¿no se actúa?, ¿por qué se les hace publicidad?», puntualiza incrédulo Conde Roa, y habla de la «repugnancia» que produce a este grupo «la tolerancia del ayuntamiento hacia estos elementos», que vincula con los incidentes acaecidos en la manifestación de GB, y con las agresiones a María San Gil en su última visita, todavía como presidenta del PP vasco, el 12 de febrero del año pasado.

La UPyD de Rosa Díez, presente en la protesta, denunció un «reparto de tareas entre el nacionalismo gallego institucional, y el ultra y violento»; y alertó del crecimiento de «grupúsculos neonazis en torno a una ideología étnica». Galicia Bilingüe acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para detener la serie de actos vandálicos, sabotajes y mensajes de acoso que la asociación ha sufrido desde su aparición en el año 2007.

La plataforma gallega entiende que existe un entramado, perteneciente al entorno extremista, que mantiene una campaña de acoso contra esta sociedad «casi desde su misma constitución». Por ello, piden amparo al fiscal del alto tribunal ante «esta persecución», que provoca «la imposibilidad de realizar cualquier acto de carácter público sin las fuerzas policiales». GB recrimina además la connivencia de los dos partidos con presencia en el gobierno gallego con el ensañamiento. Desvela que hay socialistas que apoyan sus demandas y que están cansados de que Touriño se pliegue a Quintana, que ha declarado que «la violencia no tiene cabida en la sociedad gallega y su uso sólo sirve para quitar la razón a quien la pueda tener».

Manuel, nuestro abuelo, ha leído que los revolucionarios se organizan en sitios de ocio; que las captaciones son con conciertos, churrascadas o magostos; que incluso intentan dar charlas en academias, y que cuelgan carteles de contramanifestaciones donde quieren. Sabe que, hasta ahora, se ha practicado con ellos la táctica del avestruz, al rebajar el alcance real de su amenaza. Con discreción, retrocede su reloj biológico e invoca aquellos cuadernos antigos en los que aprendió castellano. Observa, entre sus recuerdos, que el tiempo corre terriblemente lento.