BILBAO. La pesadilla de los vecinos de la casa Tangora, un edificio señorial de cinco plantas dividido en tres viviendas, ubicado en el barrio de Neguri, en Guecho, comenzó hace más de un año. En concreto, el día en que un empresario de Erandio adquirió el piso situado en medio de los otros dos. Su intención era apropiarse también el del resto de pisos. Sin embargo, sus pretensiones chocaron con las del inquilino del dúplex de la primera planta, quien ejerció su derecho de compra sobre el inmueble.
Ante la negativa a vender de sus vecinos de abajo, el empresario tomó la decisión de ceder su piso a una familia gitana, formada por unos treinta miembros, que vivía hasta entonces en una furgoneta, con el fin de presionar al resto de inquilinos. La cesión se produjo el 30 de julio de 2003, y desde ese día, los vecinos han presentado más de medio centenar de denuncias por los destrozos causados por continuas inundaciones, amenazas y robos. Tras un año de protestas, por fin un juez les ha dado la razón.
Un juez de Guecho dictó en la mañana del jueves medidas cautelares contra los acusados por «mobbing inmobiliario» en la casa Tangora: el empresario, propietario de la vivienda, y tres de los treinta inquilinos de etnia gitana. En concreto, el magistrado ordenaba el desalojo de los tres imputados y su expulsión de Guecho, junto con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los vecinos de la casa. A última hora de la tarde agentes de la Policía autónoma acudieron a la vivienda para cumplir la orden judicial.
Amenazas hasta el final
Todas las personas que ocupaban el piso sacaron sus enseres y los guardaron en furgonetas y vehículos, ante las miradas de una multitud que se congregó en los alrededores. Los desalojados increparon a los curiosos y profirieron amenazas contra algunos vecinos. La Ertzaintza escoltó a la familia hasta los límites del municipio.
El juzgado de Guecho entregó ayer a los vecinos de la casa, el matrimonio que reside en la planta baja y la dueña del último piso, «una credencial de víctima protegida». El juez argumenta que los imputados estaban «ejecutando un plan sistemático de acoso contra sus vecinos».
Mientras, el abogado de los denunciantes calificó la decisión del juez de «una victoria» en la batalla legal que mantienen para demostrar que son víctimas de «mobbing inmobiliario».
