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Un informe presenta a la UE los «abusos» del Gobierno al aplicar la Ley de Costas

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, de reciente fundación y que que agrupa a cerca de 2.000 personas de toda España, presentará a final de mes un informe ante la Unión Europea en

Actualizado 21/01/2008 - 08:38:53
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, de reciente fundación y que que agrupa a cerca de 2.000 personas de toda España, presentará a final de mes un informe ante la Unión Europea en el que denuncian los «abusos» del Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación de la norma. El informe, al que ha tenido acceso ABC, ha sido elaborado por José Ortega, abogado especializado en la Ley de Costas y asesor jurídico de los integrantes de la plataforma. El documento, de 106 páginas, recopila varios casos en los que se evidencian los «excesos» cometidos por la Dirección General de Costas.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha reiterado su determinación por dar un fuerte impulso a la aplicación de la Ley de Costas y a la recuperación de las concesiones de uso. El reflejo de esta apuesta lo han notado los afectados, quienes, según el informe, han visto cómo el abanico de «arbitrariedades» de la Dirección General de Costas se ha venido intensificando desde 2004.
Concesiones administrativas.
Negativa a reconocer el derecho
La Ley de Costas de 1988 proporcionó a los deslindes unos efectos «demoledores» sobre la propiedad privada. La única compensación que recoge la norma es «en especie»: se tiene derecho a recibir concesiones administrativas por treinta años, y prorrogables a otros treinta, por los que el propietario podrá seguir disfrutando de su vivienda.
Pese a esta opción, una de las principales quejas consignadas en el informe apunta a la negativa de Costas a aplicarla. Según recoge el texto, el departamento no informa sobre el derecho a reclamar una concesión, hace un uso prematuro de los expedientes de recuperación posesoria y, principalmente, ignora las peticiones. Unas prácticas calificadas por los afectados como «indolentes». La negativa a dar concesiones obliga a los interesados a acudir a los tribunales por silencio negativo (institución que evita el bloqueo de los procedimientos administrativos).
Además, se denuncia que se vulnera la ley por incumplir la resolución de las peticiones y la obligación de otorgar la concesión cuando proceda. Por otro lado, el informe revela abusos en la suspensión de autorizaciones y concesiones.
Aplicación retroactiva de la ley.
Discrepancias sobre su existencia
La Ley de Costas no es retroactiva, pero se han dado diversos casos en los que, según la plataforma, sí que se ha incurrido en distorsiones de este cariz. Es el caso de las viviendas que el deslinde incluye dentro del dominio público y que fueron construidas fuera de tal delimitación con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa. La dirección de Costas ha aducido «errores» de los deslindes anteriores para hacer prevalecer el nuevo.
El informe cita el ejemplo de un deslinde en Llanos de Aridane (La Palma), donde se incluye como dominio público un acantilado que se modeló durante la última glaciación, hace cerca de 14.000 años y que está alejado del mar.
Arbitrariedades.
La «doble vara de medir» de Costas
El informe pone el énfasis en los cambiantes criterios que utilizan los técnicos de la Dirección General de Costas al aplicar la norma dependiendo de quién sea el destinatario. Una situación en la que siempre aparecen malparados los propietarios de viviendas preexistentes -los más humildes-, y en contadas ocasiones los grandes constructores.
La prohibición de construir en una franja de cien metros tierra adentro del límite interior de la ribera del mar, según se apunta en el documento, no se ha respetado en grandes urbanizaciones de reciente construcción. Sin embargo, a las pequeñas viviendas se les aplica la ley «al límite». El informe girado a Europa también documenta la existencia de estudios geomorfológicos elaborados «a la carta».
Secretismo.
Sin notificaciones a los propietarios
Una de las principales características de las tramitaciones de deslindes de Costas durante los años noventa fue el secretismo con el que fueron realizadas -a través de la figura de «ratificación del deslinde anterior»- hasta que los tribunales anularon este tipo de procedimiento por un caso en el municipio asturiano de Otur.
Un hermetismo que llevó a los afectados a conocer con mucha demora, e incluso en los momentos del derribo de sus posesiones, de que su propiedad había pasado a ser dominio público. Es más, algunos perdieron sus propiedades «sin saberlo».
Regresión de la costa.
Responsabilidad doble del Estado
Otro aspecto alarmante para la plataforma radica en aquellos propietarios de viviendas que han visto cómo el avance del mar a costa de la regresión de las playas ha desembocado en la entrada de su propiedad dentro de la franja reconocida como de dominio público.
Lo paradójico de esta situación se halla en que las regresiones de costa se deben a actuaciones artificiales, como la construcción de puertos y de escolleras, obras que emprende el Gobierno. Así, se da la circunstancia en la que una obra del Estado varía la línea de costa y facilita que otro departamento -en este caso, Medio Ambiente- pueda actuar contra «nuevos infractores» de la Ley de Costas. Y es que no siempre los procesos de regeneración de las playas se coordinan con los efectos del deslinde. Hay casos documentados en la Comunidad Valenciana.
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