Aunque la selección de Sarah Palin no ha dejado de ser una magistral baza para el republicano John McCain, la gobernadora de Alaska ha traído a la campaña presidencial una cierta dosis de distracción doméstica con aspiraciones y nombre de escándalo: «Troopergate». Un incómodo caso de presunto abuso de poder que gira en torno a los esfuerzos atribuidos a la ahora candidata a vicepresidenta de Estados Unidos para cesar como policía estatal (o «trooper») a su ex cuñado, Mike Wooten, a su vez enzarzado en un duro litigio de custodia de hijos con una de las hermanas de de la gobernadora.

Ante este enredo familiar-burocrático-electoral, Sarah Palin se declaró no solo inocente sino partidaria de una investigación para aclarar lo ocurrido. Y en julio, miembros de la Legislatura de Alaska votaron a favor de una pesquisa con ayuda de Stephen Branchflower, un fiscal jubilado. Sin embargo, al multiplicarse la trascendencia política de la gobernadora, la «número dos» se ha repensado su postura de nada que ocultar optando por una estrategia de silencio, hasta el punto de que esta semana, su esposo Todd Palin anunció su negativa a testificar en las investigaciones abiertas.

Presiones, ceses y citaciones

Todo este embrollo salió a la luz después de que la gobernadora ordenase el cese de su comisionado de seguridad, Walt Monegan, quien una vez en la calle se declaró presionado para cesar como agente policial al ex cuñado, que de por si tiene un pésimo historial. Mike Wooten fue acusado de consumir alcohol durante sus turnos de trabajo, utilizar un aparato de descargas eléctricas contra su hijastro de diez años y cazar un alce fuera de temporada, lo que para los estándares cinegéticos de Alaska es un crimen bastante nefando.

La gobernadora de Alaska indicó que ya no consideraba como legítima y justa la encuesta aprobada por la Legislatura estatal. Como resultado de esta falta de cooperación y otras tácticas dilatorias, la investigación puede demorarse fácilmente hasta después de las elecciones presidenciales previstas para el 4 de noviembre, sin importar mucho que la legislación de Alaska castigue este tipo de desacatos con penas de hasta seis meses de cárcel y multa de 500 dólares (unos 350 euros).

En defensa de Palin salieron los altos cargos nombrados por ella en Alaska. Como el fiscal general, Talis Colberg, que ha solicitado la retirada de las citaciones remitidas a una decena de funcionarios. Según la misiva, estos testigos no prestarán declaración a petición de una simple comisión sino por deseo expreso del plenario del Legislativo de Alaska. Se da la circunstancia de que el fiscal general también ha iniciado su propia pesquisa interna sobre el caso, criticada como un burdo intento de manipulación de testigos.

Entre amenazas de «impeachment», el senador estatal Bill Wielechowski, del Partido Demócrata y miembro de la comisión judicial que llamó a declarar al marido de Sarah Palin y una docena de ayudantes de la gobernadora, acusó directamente a McCain de interferir en el «Troopergate». A su juicio, «nadie debería estar por encima de la ley, y mucho menos el esposo de alguien que aspira a la vicepresidencia de Estados Unidos».

Esta semana, según publica «Newsweek», la campaña presidencial del senador John McCain envió a Alaska al ex fiscal federal Edward O´Callaghan, un «peso pesado» del Departamento de Justicia ahora dedicado a la abogacía, con el encargo de coordinar la estrategia legal de Sarah Palin. A partir de ahora, el equipo de McCain también ha asumido la responsabilidad de contestar a todas las preguntas que los medios de comunicación formulen sobre el historial de Palin como responsable del gobierno estatal de Alaska.