N. VILLANUEVA / D. MARTÍNEZ
MADRID. El turno de las defensas lo abrió Andrea Chalaris, abogado del Rachif Aglif. Para el procesado, también conocido por el alias de «El Conejo», la Fiscalía pide 21 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y por cooperar en el suministro de explosivo. De hecho, el Ministerio Público le considera uno de los ocho asistentes a la reunión que los miembros de la célula islamista mantuvieron con los de la trama asturiana el 28 de octubre de 2003 en el McDonalds de Carabanchel para cerrar la operación de compra de explosivo a cambio de hachís. Chalaris admitió que su defendido asistió a esa reunión, considerada por la investigación como uno de los puntos clave de la gestación del 11-M.
Pero el letrado, que cumplió la advertencia de que su alegato iba a ser largo -duró una hora y media-, comenzó con un ataque directo al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por haber tachado a algunas acusaciones de «esquizofrenia procesal». El abogado devolvió esta expresión al representante del Ministerio Público y, tras afirmar que la causa ha estado «politizada», criticó que el informe de Zaragoza «fuera un discurso de contenido político» y que el «interés político» hubiera «entrado en el juicio». En este contexto, el letrado llegó a referirse hasta al alto fuego de ETA para afirmar que «durante la celebración de la vista había un estatus político: la tregua. Quien quiera entender que lo entienda». No dio más explicaciones.
Luego centró su alegato en rebatir los dos delitos que pesan contra «El Conejo». Tras afirmar que en el «banquillo faltan Víctor, Rafa, Manolón [controladores de Zouhier y Trashorras] y otros funcionarios policiales», reconoció que su defendido era amigo de Jamal Ahmidan, «El Chino», pero «no su lugarteniente». El letrado se esforzó en argumentar -con poco éxito- que los autores del 11-M no formaban una banda armada, aunque sí reconoció que en el juicio se ha acreditado que el explosivo salió de Mina Conchita.
De esta operación trató de desvincular a su defendido, pero admitió que Rachif Aglif, además de asistir a la reunión de Carabanchel, estuvo junto a Zouhier cuando a éste le estalló un detonador que le había facilitado la red asturiana. «Como el Ministerio Fiscal dijo «qué más da» [al referirse al tipo de explosivo], pues yo digo qué más da si el detonador estaba allí o no», afirmó el letrado.Cuestionó el suicidio de Leganés y sostuvo que este atentado «es un saco, no de pruebas, sino de agujeros, y no me refiero a los negros».
A continuación expuso su informe la defensa de Sergio Álvarez Sánchez. La letrada Carmen Pérez afirmó que su cliente trasladó a Madrid DVDs piratas y no explosivo como mantiene la Fiscalía, que ha rebajado su petición inicial para el procesado de 8 a 4 años de cárcel por un delito de asociacion ilícita y de suministro de explosivo. Para la abogada, si Álvarez hubiera transportado Goma 2 Eco hubiera sido un «suicida» porque al llegar a Madrid se sentó encima de la bolsa durante los 45 minutos que estuvo esperando al enlace del ex minero. Además, afirmó que en el tráfico de llamadas no se ha detectado que el procesado tuviera contactos con los miembros del red asturiana.
El último en tomar la palabra fue Santiago Tejero, defensor de Javier González, «El Dinamita», a quien la Fiscalía ha retirado su inculpación, no así algunas acusaciones. Por ello, el letrado consideró a su cliente como una «víctima más por una acusación injusta».
