El espíritu de concordia y reconciliación que dio lugar a la Transición democrática hace ahora treinta años se ve seriamente amenazado. Los socialistas del PSOE y los ecocomunistas de IU dieron ayer un importante paso en esa dirección al pactar un nuevo texto de la llamada ley de «memoria histórica» con la que pretenden que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, declare «ilegales e ilegítimos» los tribunales y las condenas dictadas por estos durante la etapa del franquismo.
Pese a haber alcanzado un acuerdo, PSOE e IU no se ponen de acuerdo en la interpretación del mismo. Para Izquierda Unida, el pacto sienta las bases para que la Justicia pueda empezar a anular los fallos y la posibilidad de que los represaliados reclamen las reparaciones del patrimonio incautado, si es el caso.
Desde el PSOE, en cambio, se insistió reiteradamente en que se trata de una reparación de «tipo moral», a la vez que intentaba dejar claro que no hay «nulidad» de los juicios. «La ley, si se aprueba, establecerá la «ilegitimidad» de los juicios y ése es un concepto político y no jurídico. El legislativo no puede suplantar al poder judicial», señaló el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, tras escuchar la -en su opinión- «errónea» interpretación de sus socios de Izquierda Unida.
En todo caso, una de las principales novedades del acuerdo es la inclusión de una condena expresa del franquismo, que se realiza en la exposición de motivos del proyecto de ley. Según subrayan los representantes de IU, es la primera vez que una ley condena el régimen franquista.
El artículo 3 del texto estable que el Congreso «declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales y administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones»
Por ello, «se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos».
Igualmente, «se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución».
Sin comité de notables
En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU -y que aún no está cerrada- se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bandos de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.
La futura ley reconocerá el derecho a obtener una «declaración de reparación y reconocimiento personal» a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones que ahora se declararan ilegítimas. Este derecho será plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en anteriores normas, «así como en el ejercicio de las acciones a que hubieran lugar ante los tribunales de Justicia».
Además, el pacto entre los socialistas y sus socios suprime los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un comité de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas. Será directamente el Gobierno -por medio del Ministerio de Justicia- quien analice los expedientes presentados.
Según establece el artículo 4 del proyecto, la declaración será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y «no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional». IU prevé que si la norma finalmente se aprueba en las Cortes, se creará una nueva jurisprudencia, porque los beneficiarios de la misma podrán acudir a los tribunales para que declaren la nulidad de esas sentencias y también de las consecuencias que se derivaron de esos fallos, incluso las de índole económico.
Para el portavoz ecocomunista Joan Herrera, lo que se hace con esta norma no es más que adoptar el modelo que aplicó Alemania respecto al los nazis, dejar la puerta abierta para que sean los jueces los que digan que «aquellos juicios fueron farsas jurídicas porque no fueron juicios como tales».
Además, IU se felicita por el hecho, en su opinión, de que, con los cambios consensuados con el PSOE, la norma ha dejado de ser una «ley de punto final», como habían denunciado algunas asociaciones, ya que la nueva redacción -a diferencia del proyecto original- «no censura los nombres» de los que dictaron las sentencias «injustas». El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, interpreta esa modificación como «un salto cualitativo desde la impunidad hasta la memoria y la Justicia».
División entre el PCE e IU
El pacto va a traer polémica. PP y ERC, por distintos motivos, se oponen radicalmente al texto acordado por socialistas y ecocomunistas, mientras los nacionalistas no se han pronunciado y esperan a conocer con más detenimiento el acuerdo. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, arremetió con dureza contra el Gobierno socialista por «derribar el pilar fundamental» de la reconciliación entre los españoles. Zaplana criticó a López Garrido por callar deliberadamente que la nueva redacción del proyecto de ley elimina la «equidistancia» entre republicanos y sublevados, lo que, según su interpretación, supone que «solamente se repare el daño de unos y no de otros». El portavoz socialista negó este extremó y explicó que el pacto reconoce a las víctimas de uno y otro bando en la Guerra Civil.Mientras tanto, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá. señaló que su grupo «se mantendrá firme en la demanda de una ley que haga justicia» y anule las sentencias sumarísimas. Los independentistas catalanes tampoco «avalarán» ningún acuerdo que no reconozca jurídicamente la condición de víctima a «las personas físicas y jurídicas que fueron represaliadas por la dictadura».
Otro foco de polémica está dentro de IU, ya que los ecocomunistas están divididos por este asunto. El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, rechazó el acuerdo alcanzado con el PSOE y afirmó que su partido «se siente traicionado» porque «se ha negociado a sus espaldas».
