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MADRID. El Gobierno no se atrevió a reunir a todas las «fieras» juntas, pero a lo largo de la tarde y de la noche de ayer organizó una especie de «preestreno» por tiempos de la nueva Ley del Cine. Productores, distribuidores, cadenas de televisión y exhibidores desfilaron, en este orden, por el Palacio de la Moncloa, donde fueron informados del «montaje» definitivo, o casi, de la futura Ley del Cine. Hoy, Carmen Calvo tenía previsto asistir a un desayuno organizado por Europa Press en el hotel Villamagna de Madrid, donde a buen seguro no resistirá la tentación de contar las líneas maestras del texto, antes de que se le adelante ninguno de los afectados.
Ayer por la mañana, antes de los encuentros sectoriales, la ministra de Cultura había contado que, pese a las luchas intestinas vividas en las últimas semanas, será una ley «muy consensuada». Calvo se hallaba en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde donde presidió la ceremonia de proclamación de cuatro enclaves como monumentos culturales del Patrimonio Europeo. La ministra aseguró que esta ley es «necesaria para que exista el cine en nuestro país», porque «el cine es cultura además de estética, expresión, diversidad, literatura, música, ideas y prestigio de nuestro país». Por todos estos motivos, dijo, «hay que apoyarla como apoyamos a las bibliotecas».
«A base de mucho diálogo»
Calvo añadió que hace ya muchos años que la ley es reclamada, por lo que la ha sacado adelante «a base de mucho diálogo». La ministra hizo hincapié, según informa Efe, en que se han mantenido reuniones durante más de un año con 24 asociaciones y colectivos diferentes, por lo que no hay norma «más sometida a proceso democrático que ésta», que será «un gran pacto por el cine de este país». Calvo también dijo comprender que a veces sólo se hable de un tema dentro de esta ley, pero en ella está «la reforma tecnológica de todo el cine, la digitalización de muchas de las pantallas y la posibilidad de que los jóvenes creadores hagan muchos cortos, en internet e incluso en el móvil».
Los asistentes a las distintas reuniones declinaron valorar su contenido -sólo los productores se mostraron encantados, a pesar de que algunas medidas favorecen a las televisiones- antes de que el Gobierno lance «la primera piedra», por lo que anoche se desconocían las posibles concesiones realizadas a cada uno de ellos.
Las cadenas, precisamente, habían sido las más duras en las jornadas previas, en las que llegaron a anunciar que rompían las negociaciones con Cultura y retiraban su oferta para financiar el cine español, después de que el borrador del anteproyecto estipulara una subida del 5 al 6 por ciento de sus ingresos entre sus obligaciones económicas. El Gobierno ha retirado finalmente esta subida y les ha prometido flexibilizar su aportación para que sea «voluntaria», justo lo que ellos pedían. Asimismo, les ofrecen una nueva fiscalidad, en la línea de lo ya adelantado por ABC, y una serie de nuevas iniciativas para colaborar con los productores y que se incorporen «nuevos agentes» al sector.
A raíz de estas protestas, los exhibidores declararon su batalla particular para que la ley eliminara la cuota de pantalla que los obliga a proyectar un número determinado de películas españolas y europeas y fijara un tope en sus acuerdos con los distribuidores. Estos, a su vez, emprendieron un tímido contraataque de última hora para contrarrestar el empuje de las salas y asegurar que entre ellos no sólo había grandes empresas estadounidenses. Parece imposible que la ley contente ahora a todos, pero en esta partida de poker descubierto cualquier cosa es posible.
