TOLEDO. El Pleno municipal debatirá hoy la concesión del servicio de autobuses urbanos a la empresa Unauto, actual adjudicataria, ante las críticas de la oposición y el malestar que ha causado en Rubicar, una de las empresas que participaba en el concurso y que ha solicitado los informes que se manejaron en la mesa de contratación para optar por Unauto porque no están de cuerdo con su contenido.
Rubicar, que participaba en el proceso conjuntamente con CTSA, considera, en primer lugar, que no se ha cumplido el pliego de condiciones económico-administrativas en lo que se refiere a los criterios básicos de adjudicación y, más concretamente, el apartado que especifica que «...tendrá en cuenta el importe real según los precios de mercado, con independencia de la propuesta valorada formulada por cada licitador».
Del mismo modo, los representantes de ambas empresas entienden que también se ha vulnerado el pliego de prescripciones técnicas que recogía en su artículo diez que el se servicio se dotará de una oficina de información y venta de billetes. Rubicar y CTSA afirman en una nota que Unauto ofertó un servicio que ya tiene contratado gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento (el Zococentro) «y por el cual recibe una contraprestación económica de 100.000 euros anuales». Al aceptar esta propuesta, «el Ayuntamiento abonaría dos veces por el mismo servicio» y, además, Unauto, «no sólo se estaría beneficiando de un servicio de titularidad municipal ya contratado, sino que está recibiendo por ello la consideración de mejora» en el concurso de adjudicación.
Por otra parte, Rubicar y CTSA se quejan de que se han considerado como mejoras «conceptos ya valorados en otros Criterios de Adjudicación, como son «kilómetros gratis»». Asimismo, «se considera mejora para la prestación del servicio doce excursiones para discapacitados que nada tienen que ver con el transporte urbano».
Las dos empresas se sienten discriminadas porque no se han tenido en cuenta aspectos de su oferta «que técnicamente suponen innovaciones tanto materiales como operativas del servicio», como la adscripción al servicio de dos furgonetas totalmente equipadas o la implantación de un sistema cuentapersonas por infrarrojos.
Ni una discrepancia
Mientras que Rubicar y CTSA intentan que se tengan en cuenta sus consideraciones, el Equipo de Gobierno, a través del concejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, aseguró ayer que todo el concurso realizado para la contratación de la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros de la ciudad se ha realizado con una «limpieza y nitidez» que «nadie ha podido poner en duda».
García Pineda negó que durante las valoraciones previas se haya producido «ni una sola discrepancia» por parte de los técnicos del Ayuntamiento, asegurando que estas personas han tenido una «total y absoluta independencia» a la hora de valorar todos las plicas y empresas que se presentaron al concurso.
En cuanto a las peticiones realizadas por los técnicos el pasado lunes solicitando varios informes nuevos, el edil explicó que, antes de ellos, las oferta presentada por Unauto «ya ganaba», y, sobre la abstención en la votación del Interventor y el Secretario, agregó que «lo normal» es que se abstengan.
Lamberto García Pineda insistió, además, en que la Corporación no tiene vinculación con ninguna de las empresas presentadas al concurso, que fueron Unauto, la UTE de Transportes Urbanos de Zaragoza con La Sepulvedana y Autocares Samar, Transportes Unidos S. L. , la UTE de Trapsa con Autobuses Urbanos del Sur; la UTE de Rubicar con CTSA, y Autocares Rodríguez, S. A. , de las que destacó su calidad y categoría.
Comentó que, tras desestimarse las propuestas formuladas por Transportes Unidos S. L. y Autocares Rodríguez, por no cumplir el pliego de condiciones, y posteriormente la presentada por Trapsa y Autobuses Urbanos del Sur por no adaptarse al proyecto de explotación, se decidió adjudicar el concurso a la empresa Unauto, que es la que presenta más mejoras técnicas y mejores servicios.
También criticó que la oposición diga ahora que «ha habido prisas o que no ha habido tiempo» para ver el concurso, como alegan «cada vez que tocamos un tema importante», y destacó que, aunque económicamente habrá que pagar 39.500 euros más, ese dinero se amortizará con un pequeño incremento en el número de viajeros y los ingresos por la venta de publicidad.
Cámaras y sistema GPS
Además, según declaró García Pineda, el hecho de que Unauto se haya alzado como adjudicataria del concurso supondrá una serie de mejoras entre las que citó la puesta en marcha de cámaras de vigilancia interiores en los autobuses, bandas guías internas para ciegos, la publicación de guías y planos de la ciudad y las rutas de los autobuses, la instalación de 45 postes con SAE (un sistema de información por GPS), pupitres de información virtual en la vía pública y dos nuevos autobuses de reserva, todo ello, confirmó, a partir del día 1 de abril de este año.
Desde las filas socialistas, su portavoz en el Ayuntamiento, Alejandro Alonso, denunció que la adjudicación «tiene gravísimas dudas de legalidad», por lo que pidió al alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que retire este asunto del Pleno de hoy.
Alonso afirmó que, en la Comisión celebrada el martes y que eligió la propuesta de Unauto, tanto el interventor como el secretario general del Ayuntamiento «se abstuvieron de informar alegando falta de tiempo», algo que «es un disparate porque estamos hablando de la decisión económica más importante del Ayuntamiento en esta legislatura».
La adjudicación del transporte público para Toledo, que vincula al Ayuntamiento con la empresa durante diez años, «supone un coste aproximado de 60 millones de euros que será deficitario», por lo que «requerirá una subvención de los toledanos que asciende a más de 22 millones de euros».
El portavoz socialista pidió al alcalde que no obligue a la Corporación a votar sobre este asunto «porque no tiene base legal suficiente», y así evitará una situación «de grave riesgo y grave desprestigio institucional», ya que, «cuando hay dudas de legalidad, lo correcto es no tomar decisiones».
Añadió que esta propuesta de adjudicación «no es la más barata» y recordó que, cuando el PP decidió rescindir el contrato anterior, «argumentó que pretendía abaratar el servicio y mejorar el transporte», algo que «no han cumplido después de un año de proceso».
Lo normal en las administraciones, a juicio de Alonso, «es que los expedientes se estudien cuando están completos, con una valoración técnica y los informes económicos y jurídicos», por lo que se preguntó «qué interés oculta el alcalde por no darle transparencia a este concurso».
Por el momento, el PSOE no piensa llevar este asunto a los tribunales, porque «lo único que queremos es un buen transporte público y este pliego no lo mejora», a pesar de que existe «un riesgo evidente de anulación del concurso por posibles impugnaciones».
