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MÉRIDA. La aplicación de la Ley de Dependencia, proyecto estrella de Zapatero en política social, se está convirtiendo en un abrupto camino de descoordinación, estrecheces presupuestarias y acusaciones cruzadas entre la Administración central y los gobiernos autonómicos. Buenas intenciones mal resueltas. En este sentido, la diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Herrera, ha denunciado la «falta de seriedad y credibilidad de los gobiernos regional y nacional» en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia y, en concreto, la «llamativa descoordinación entre ambas instituciones a la hora de informar sobre el número de personas que se benefician de esta Ley».
Según Herrera, «el baile de cifras que desde el PP venimos denunciando en los últimos meses se ha hecho aún más evidente en estos últimos días tras las declaraciones de la Junta de Extremadura y de la Delegación del Gobierno».
«El pasado viernes 9 de enero, tras el Consejo de Gobierno ordinario, la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, cifró en 7.000 las personas que se están beneficiando de los servicios y prestaciones que garantiza la ley, y, sorprendentemente, sólo 3 días después, el pasado lunes, la Delegación del Gobierno en Extremadura da el dato de 10.392 personas», denuncia la diputada popular.
Herrera considera también muy significativo el hecho de que la administración regional haya tardado 2 años en aprobar el decreto que regula el procedimiento para reconocer la dependencia. «La atención a los dependientes no tiene que ser sólo prioritario en los discursos y titulares de los gobernantes», reprochó la portavoz popular.
