FABIÁN SIMÓN Las obras se paralizaron cuando los operarios se disponían a empezarlas
ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA. Las obras de reconstrucción del estadio de fútbol de La Romareda iban a comenzar ayer, pero sólo se hicieron trabajos testimoniales. No dio tiempo a más, porque un auto judicial ha ordenado la paralización cautelar del proyecto impulsado por el gobierno municipal PSOE-CHA que preside el socialista Juan Alberto Belloch, profesional de la Judicatura y ex ministro de Justicia e Interior. Y ha sido precisamente un juez de Zaragoza el que ha reconocido los argumentos planteados por el PAR en el recurso con el que ha intentado, con éxito inicial, evitar que las obras se realizaran.
Además del PAR, el PP presentó su propio recurso, aún pendiente. Ambos expusieron argumentos similares. Cuestionan la legalidad con la que se ha tramitado el proyecto y las operaciones económicas con las que se pretenden financiar las obras. El auto, de entrada, considera que puede haber elementos razonables que avalen esos argumentos de la oposición, así que dicta la paralización cautelar de las obras y fija un aval de 200.000 euros a aportar por el PAR, para hacer frente a posibles daños a terceros en el caso de que finalmente se desestimara el recurso. Ayer, el PP ya anunció que, si es necesario, colaborará económicamente con el PAR para formalizar ese aval.
Dudosa legalidad de la permuta
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza cuestiona la legalidad del sistema de permuta que ha elegido el gobierno PSOE-CHA para financiar las obras. Esa permuta consiste en lo siguiente: la unión de empresas Sacyr y Acciona acometen la reconstrucción de La Romareda a cambio de una parcela de 42.500 metros cuadrados situada junto al estadio, la que ahora ocupan los edificios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se trasladarán al antiguo Seminario de Zaragoza. Esos 42.500 metros cuadrados se destinarán a usos terciarios, entre ellas centro comercial y oficinas. Además, al Real Zaragoza se le compensa con el aprovechamiento comercial de otros 12.000 metros cuadrados.
El juez entiende que hay dudas de legalidad sobre esta fórmula, tanto en relación con la Ley de Contratos del Estado como con la Ley Urbanística de Aragón. Es uno de los razonamientos centrales con los que justifica la paralización cautelar de las obras.
Tras conocerse el auto judicial, tanto el PAR como el PP reclamaron al equipo de gobierno que descarte definitivamente el proyecto de reconstrucción de La Romareda, que se había adjudicado a Sacyr y a Vallehermoso y cuyas obras están valoradas en 70,7 millones de euros. El portavoz municipal del PAR, Manu Blasco, afirmó ayer que «si el equipo de gobierno fuera responsable, lo primero que debería hacer es cancelar definitivamente este mal proyecto y, a partir de ahí, que eche de una vez el balón al suelo, empiece a hablar con todos, el Real Zaragoza incluido», y se acometa la construcción de un nuevo estadio, tal y como estaba previsto antes de las elecciones de mayo de 2003. En aquel momento, el anterior equipo de gobierno PP-PAR había dejado listo otro proyecto, diseñado por Ricardo Bofill, un nuevo estadio a levantar en el área urbana de expansión de Valdespartera.
«Proyecto manchado»
Por su parte, el portavoz municipal del PP, Domingo Buesa, afirmó ayer que, tras el auto judicial, Belloch «debe desterrar definitivamente el proyecto», entre otros motivos, porque «ha quedado absolutamente manchado» por las dudas de ilegalidad. Según Buesa, el auto judicial ha marcado «dos cuestiones muy claras: por una parte, la ilegalidad del sistema de permuta para construir un campo de fútbol» y, por otra parte, las dudas sobre los usos terciarios que se asignan a las parcelas con las que se paga a las constructoras y con las que se compensa al Real Zaragoza.
El gobierno recurrirá el auto
El equipo de gobierno PSOE-CHA anunció ayer que recurrirá el auto judicial. Ni socialistas ni Chunta se centraron en el fondo jurídico, en las dudas de legalidad de las que advierte claramente el juez, y optaron por arremeter contra el PP y el PAR por haber dado opción a que los tribunales se pronuncien al respecto y esto haya conducido a la paralización cautelar de las obras. Desde el PSOE, Carlos Pérez Anadón reprochó a la oposición el haber acudido a los juzgados después de que sus tesis decayeran en el ámbito político ante la mayoría del equipo de gobierno. Las obras se paralizan porque un juez reconoce que hay indicios de ilegalidad en los trámites seguidos por el equipo de gobierno, pero Pérez Anadón dio ayer un giro de interpretación y afirmó que «el PP y el PAR han impedido que se vaya a construir el nuevo campo de fútbol».
En una línea similar, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar (CHA), declaró que «en el año 2008 -cuando se celebrará la Expo- no habrá estadio y eso es algo que directamente hay que imputarle al PP y al PAR».
