ABC Touriño y Álvarez Areces intercambian documentos al término de la cumbre gallego-asturiana
GONZALO DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO. El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, y el gallego, Emilio Pérez Touriño, acordaron ayer demandar al Estado que el envejecimiento y la dispersión poblacional que padecen sus comunidades figure «explícitamente» en la reforma del modelo de financiación autonómica como «elementos correctores», con el objetivo de «garantizar la igualdad» en la prestación de los servicios públicos.
Unos 587.000 gallegos, sobre una población de 2,8 millones, son mayores de 65 años; 236.300 asturianos, sobre poco más de un millón, han rebasado la edad de la jubilación. Son datos de 2005, pero la tendencia preocupa desde hace décadas a los sociólogos y a los políticos de ambas comunidades. Al dato demográfico se une la geografía humana para encarecer aún más los servicios de atención a mayores.
La Asturias y la Galicia rurales comparten poblaciones dispersas, malas comunicaciones y concentran el mayor envejecimiento de la población. En muchos municipios, los mayores de 65 años, triplican y más a los menores de 25.
Frente a las pretensiones de otras autonomías -financiación condicionada al PIB, las más ricas (Cataluña o Baleares), o a la población, las más populosas (Andalucía)-, Areces y Touriño aprovecharon la VIII Cumbre Asturias-Galicia para pactar un frente común para defender que estos criterios «diferenciales» sean tenidos en cuenta en el debate.
En una rueda de prensa conjunta, Areces aseguró que ambas administraciones están dispuestas a afrontar la reforma de la financiación autonómica «de forma sosegada, partiendo de un análisis riguroso» de la actual situación y del modelo que se pretende instaurar.
«Elementos correctores»
Areces recordó que la propia OCDE establece que tanto la dispersión como el envejecimiento de la población redundan en un mayor coste para las administraciones e insistió en que, «si están reconocidos, es obvio que deben figurar» en el sistema de financiación como «elementos correctores».
A su juicio, el nuevo marco debe «propiciar más espacios fiscales propios para las comunidades, suficiencia financiera dinámica garantizada y mecanismos de solidaridad». No obstante, Touriño puntualizó que «el Estado tiene instrumentos reequilibradores, que son los Presupuestos Generales, y éstos hay que aprobarlos cada año».
Así, Galicia mantiene como un «compromiso de Gobierno» la demanda del 8 por ciento de las partidas previstas para infraestructuras.
Touriño subrayó que los criterios en materia de financiación autonómica «se deben decidir» en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las autonomías deberán «pactar». «Es ahí donde tanto Galicia como Asturias se deberán batir el cobre» para lograr que se tengan en cuenta «con mayor claridad» los fondos específicos que aspiran a que se tengan en cuenta como factores diferenciales.
