El Episcopado cree que no se puede prescindir de uno de los padres. ERNESTO AGUDO
MADRID. La decisión del juzgado de familia de Pamplona provocó ayer todo un aluvión de reacciones en las que no faltaron críticas y alabanzas. Las acusaciones más contundentes fueron las de los obispos españoles, que consideran que la sentencia «viola el derecho irrenunciable» de los menores «a tener padre y madre» y que en esas circunstancias de adopción el «injustamente tratado» es el niño.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, arremetió contra las decisiones legislativas «que desconocen o ignoran lo que significa la educación y los derechos de los niños» y recordó que «la falta de la figura materna o paterna siempre trae consigo graves dificultades para el desarrollo de la personalidad». Para Martínez-Camino, el hecho de contar con una pareja homosexual como padres «exige al niño un esfuerzo aún mayor para poder dar un perfil sólido a su identidad sexual normal».
Sobre esta cuestión, el sacerdote recordó el documento «Matrimonio, familia y uniones homosexuales», publicado por la Conferencia Episcopal en 1994 para justificar la negativa por parte de la Iglesia a la aprobación de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. «No es posible calificar de discriminación el que las leyes prohíban la adopción» a dichas parejas, recalcó Martínez Camino, quien añadió que «más bien, habría que pensar que el injustamente tratado sería el niño adoptado en estas circunstancias».
Nuevos problemas
Preguntado por las personas heterosexuales separadas o divorciadas, a quienes sí se permite la adopción, el portavoz del Episcopado señaló que «no es una situación ideal, y ésta (en referencia a la resolución de Navarra) se propone como ideal o normal, cuando no debería serlo». «La Iglesia -prosiguió- como la sociedad, lamenta esto, pero que exista una situación desgraciada o problemática no quiere decir que vayamos a crear nuevos problemas, con legislaciones que desconocen o ignoran lo que significa la educación y los derechos de los niños».
El cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, consideró que «estamos ante un caso de tipo jurídico», apuntando que «lo que se trata es de garantizar los derechos y la buena educación de los hijos, o de los niños en este caso». No obstante, recalcó que «son los tribunales y las legislaciones quienes deben reconocer estos derechos, tanto a las madres como a los hijos». Por su parte, el obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea, también terció en la polémica, señalando que las niñas de la pareja de lesbianas de Navarra «se verán perjudicadas» por carecer de padre. Asociaciones como Acción Familiar también criticaron la medida y consideran preocupante la decisión judicial, al tiempo que dijeron esperar que este mismo año el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la ley navarra y se apruebe una legislación básica que acote el margen de las Comunidades Autónomas para legislar sobre esta materia. El responsable de la Asociación, Jesús Tanco, considera que el hecho de que una de las dos mujeres sea la madre biológica de las gemelas ha podido ser determinante en la decisión de la juez.
La otra cara de la polémica la protagonizaron los colectivos homexuales y otras organizaciones que celebraron la decisión judicial por considerarla un paso decisivo para que los derechos civiles de gays, lesbianas y transexuales «sean una realidad».
Un buen precedente
Desde la Asociación de Mujeres Andrea, a la que pertenecen las dos mujeres que han logrado la adopción, se consideró el auto un buen precedente y se aseguró que pone fin a las dudas sobre la aplicación real sobre la ley navarra de parejas de hecho. Asimismo, desde esta asociación se considera que «la cerrazón a que las parejas del mismo sexo no puedan ser padres y madres, es absurda, injustificada, discriminatoria, lleva a un enfrentamiento de la sociedad y se cierra a ver la realidad plural y diversa que tiene la familia», informa Begoña López. Desde las asociaciones homosexuales se coincide en que la decisión es «un hecho histórico que supone el reconocimiento definitivo de una realidad».
También hubo posiciones moderadas como la del presidente del Foro Español de la Familia, José Gabaldón, quien, aunque dijo no comprender cómo un juez resuelve conforme a una ley recurrida en el Constitucional, abogó por un Pacto de Estado para la protección de la familia tradicional, si bien pidió la protección del resto de formas convivenciales mediante fórmulas que no las asimilen al matrimonio.
