Rich Schlosser besa a su pareja, Phil McAlpin, después de contraer matrimonio, el lunes en San Francisco. EPA
MADRID. La polémica remite a una cita en el calendario: 3 de julio de 2000. La ley foral aprobada en el Parlamento navarro, subtitulada «para la Igualdad Jurídica de las Parejas Estables», contempla que las parejas de hecho, independientemente de su opción sexual, «podrán adoptar (niños) de forma conjunta con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por un matrimonio». La interpretación de esta ley, gracias a la cual el Juzgado de Familia de Pamplona ha fallado a favor de la adopción de dos niñas por la compañera sentimental de una lesbiana, ha reabierto la caja de pandora para que partidos políticos y ciudadanos destapen sus propuestas sobre la regulación de las parejas de hecho en toda España, y en particular, la adopción de menores por uniones homosexuales.
Sólo el partido gobernante, Unión del Pueblo Navarro, votó en contra de esa ley foral en 2000. Amelia Salanueva, su portavoz, explica a ABC que desde UPN respetan la resolución dictada por el Juzgado de Pamplona, pero inciden en la misma postura que adquirieron tres años atrás: «Hay que proteger al menor por encima del derecho de los homosexuales a adoptar niños». «UPN votó en contra de la ley -matizó Salanueva- no tanto porque reconoce ventajas legales a las parejas de hecho frente al matrimonio, cuanto por el reconocimiento a la adopción por parte de homosexuales».
Si hasta entonces sólo Cataluña y Aragón habían sacado adelante en sus Cámaras autonómicas sendas leyes de parejas de hecho, el resto de Comunidades siguió la estela marcada por Navarra y comenzó a redactar sus propios proyectos de ley. Así, en 2001 Baleares, Madrid y Valencia se dotaron de su propia ley. Al año siguiente fueron Asturias y Andalucía, para acabar sumándose a la lista, en 2003, Extremadura, País Vasco y Canarias. El mapa político que dibujan estas leyes muestra que, en el momento en que fueron aprobadas, el PSOE gobernaba en cinco regiones (Baleares, Aragón, Extremadura, Andalucía y Asturias), el PP regía solamente en dos (Madrid y Valencia) y los partidos nacionalistas, en tres. Las seis Comunidades restantes (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Cantabria), además de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, poseen todavía un vacío legal en lo que a parejas de hecho se refiere.
Las once leyes vigentes a día de hoy difieren en la práctica en aspectos tan importantes como la recepción de exenciones fiscales en caso de separación o sucesiones, o la posibilidad de acogimiento y adopción de menores. Pero, sin duda, la mayor divergencia estriba en que sólo dos, la navarra y la vasca, únicas leyes forales, permiten y reconocen la adopción de niños a uniones de gays o lesbianas. Las mismas leyes que hoy se ponen en tela de juicio y todavía penden de recursos en el Tribunal Constitucional.
Cadena de opiniones
Las reacciones de los partidos políticos se sucedieron en cadena nada más conocer la decisión del Juzgado de Familia navarro. A menos de un mes de los comicios electorales, ninguno quiso dejar de opinar sobre el asunto social más candente en nuestro país. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que la adopción de menores por homosexuales es un asunto «que debe contar con un amplio consenso político y social» y se mostró partidario de «la extensión de los derechos civiles a las personas de orientación homosexual». En la sede del PP, Gabriel Elorriaga, responsable de su programa electoral, respondía a los socialistas que desde las filas de su partido respetan la decisión judicial, si bien recalcó que el interés de la adopción es «el interés del menor» y «se equivoca» quien lo entiende como un «derecho del adoptante». Por último, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, no ocultó su «satisfacción» por la sentencia y la calificó como «un cambio cualitativo» que reconoce la realidad de la sociedad actual.
La polémica de aquel julio de 2000 arrecia en febrero de 2004.
