MIKEL PONCE Vicente Soriano en una imagen de archivo
M. CONEJOS / R. COSÍN
VALENCIA. Vicente Soriano sorprendió a muchos valencianistas el día que dio a conocer que el grupo Inversiones Dalport S.A. había adquirido el 50,34% del capital social del Valencia -a falta de validar los pagarés de los accionistas vendedores-. Las investigaciones para conocer datos sobre esta empresa «misteriosa» se multiplicaron desde entonces, sin que ninguna de las indagaciones arrojara luz sobre la viabilidad de su proyecto.
Ayer ABC pudo constatar con la Dirección General Impositiva de Uruguay -el equivalente al Ministerio de Hacienda español- que la empresa Inversiones Dalport S.A. sí existe pero no está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias.
La firma está radicada en el domicilio fiscal: Quijano Carlos 1339, Apartado: 702 de Montevideo. Está incluido en el grupo de No Cede que es una clasificación interna de la Administración uruguaya que se realiza en base a la facturación de la empresa (las de mayor volumen están incluidas en el grupo de Grandes Contribuyentes) o también a un criterio sobre el tipo de actividad que desarrolla la empresa.
Hasta aquí nada anormal. El problema surge cuando se acude a ver el estado actual de la empresa. La Dirección General Impositiva confirmó a este diario que Inversiones Dalport S.A. no tiene el Certificado de Vigencia Anual.
Por distintos motivos
La normativa tributaria uruguaya especifica que las empresas deben acreditar que están al corriente del pago de sus impuestos mediante este certificado que expide la Hacienda del país iberoamericano. El hecho de no tener este certificado se considera como una cuestión grave en Uruguay, ya que sin él las empresa puede llegar a no poder desarrollar su objeto.
El motivo de no tener este certificado puede fundamentarse en el hecho de que la empresa se haya retrasado en el pago de sus impuestos. También la Dirección General Impositiva puede denegar el certificado si comprueba que existe un riesgo para el pago de la deuda, lo que lleva aparejado el embargo cautelar del contribuyente, en este caso una empresa. Esta situación de impago arroja todavía más sombras sobre una empresa que en Uruguay no podría en su situación actual pedir préstamos bancarios, exportar, importar vender inmuebles o ser proveedor del Estado, entre otras cosas.
El CSD puede bloquear
Mientras, el Consejo Superior de Deportes (CSD) continúa analizando la documentación aportada hasta el momento respecto a la compra-venta de acciones del Valencia en unos valores superiores al 25% de su capital social. Las informaciones recogidas en los últimos días advertían que lo remitido hasta el momento no es suficiente para dar luz verde de modo definitivo a que Inversiones Dalport sea máximo accionista de la sociedad deportiva.
La situación de impago en la Hacienda uruguaya podría dificultar más si cabe el trabajo del CSD, que, según se especulaba ayer, podría bloquear definitivamente la operación accionarial.
