La polémica que envolvió la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca hacia Cataluña no ha sido ajena a la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que el Gobierno ha proyectado en esta misma ciudad y cuyo Decreto de puesta en marcha entró ayer en vigor con la expropiación de una de las sedes, el Palacio de Orellana, en los tribunales. Una iniciativa que fue presentada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en junio de 2005 en medio de una tormenta política y social que se generó en toda la población salmantina y con la que se trató de compensar la aprobación del traslado de los legajos.
El Centro nacía entonces con un presupuesto de 12 millones de euros, frente a los 9 iniciales con los que cuenta el actual. Doce millones que incluían el pago del justiprecio por la expropiación del Palacio de Orellana, «que se producirá a lo largo de este año (2005)», dijo Calvo en aquel momento, y que fue fijado por la comisión encargada del caso en cerca de 29 millones de euros. Esta cantidad no convenció ni al Gobierno, ni al propietario, Ramón Pérez de Herrasti, quien el pasado jueves formalizó la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por esta razón, mientras que del recurso también anunciado por Cultura por el momento no hay indicios, ni se puso en conocimiento de la otra parte implicada.
La presentación en Madrid del Centro Documental de la Memoria Histórica vino acompañada de un proyecto para la rehabilitación y acondicionamiento del Palacio de Orellana para adecuarlo a las necesidades de un espacio de estudios archivístico. Se trataba de un plan que incumplía las normas locales de construcción para edificios históricos, entre ellas que rebasaba los metros establecidos. El proyecto se llevó a cabo por parte del Gobierno sin tener la planimetría del edificio y sin haber entrado ni una sola vez en su interior para medir o conocer su estado, según fuentes conocedoras del caso.
El propietario del Palacio de Orellana pidió la paralización cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, que declaraba al inmueble de «utilidad pública» a efectos de proceder a la «expropiación forzosa» del edificio, y que le fue denegado por la sala sexta del Tribunal Supremo. La familia dueña del inmueble, desde hace 400 años, consideraba que el acuerdo del Consejo de Ministros incumplía los requisitos de la ley de Expropiación. Contra este acuerdo de expropiación el propietario alegó que existían otros edificios en la ciudad de titularidad pública que no tenían ocupación en ese momento, como el Banco de España o la antigua sede de la Seguridad Social, aunque el Ministerio defendió que sí existían propuestas de utilidad para estos inmuebles, algo que no se ha hecho efectivo hasta este año.
La familia dueña del inmueble se siente víctima de una guerra entre intereses del PP y del PSOE en la polémica suscitada por el traslado de fondos del Archivo, que se puede ver agravada en las próximas semanas con las nuevas medidas de presión que tienen previstas realizar desde Cataluña para forzar la salida de nuevos documentos. Así, en esta marejada política, envuelta en un halo cultural, los planes del propietario de convertir parte del Palacio en un museo público con el que recuperar la actividad que tuvo la casa en el siglo XVI, su época de construcción y en el que se mostrarían objetos, pinturas y obras de arte del siglo XVIII, han quedado aparcados «por obligación».
Ayer entró en vigor el Real Decreto por el que se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, aunque sin fechas de puesta en marcha y con la incógnita y los problemas de los edificios elegidos como sedes. Una decisión que llegaba con varios meses de retraso.
El Centro Documental estará diversificado entre el Colegio de San Ambrosio, actual Archivo de la Guerra Civil; la sede de la Audiencia Provincial y el Palacio de Orellana. Por lo que respecta a la Audiencia, los responsables de la judicatura ya han expresado también su malestar por esta elección al considerar que no se han tenido en cuenta los problemas que el traslado de la sede judicial puede acarrear a otros edificios, entre ellos la antigua Seguridad Social o la antigua comisaría de la Policía Nacional.
El Centro Documental nace con la finalidad de organizar y recuperar todos los fondos documentales entre 1936 y 1978, para su estudio y catalogación.
