Los primeros estudios epidemiológicos sobre los efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, que datan de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, dieron en considerarlos como «el tributo a pagar por el avance de la medicina», una postura acorde con un momento social de máxima tolerancia y práctica clínica poco compleja y por tanto con poco riesgo añadido, aunque con menor efectividad. La asistencia sanitaria es cada vez más compleja, tanto en las técnicas que implementa en la práctica clínica, como en su organización. Además la esperanza de vida se ha prolongado, lo que hace que los pacientes sean vulnerables y tengan más riesgo de efectos adversos asociados a la asistencia.
De hecho, el estudio ENEAS (Estudio Nacional de sucesos adversos asociados a la atención hospitalaria) pone de manifiesto que tener más de 65 años multiplica por 2,5 el riesgo de sufrir un efecto adverso. El estudio EPINE (estudio de prevalencia de infección nosocomial) muestra que la edad media de los pacientes hospitalizados ha pasado de 50 a 58 años en los últimos 15 años y que la infección nosocomial es el segundo efecto adverso más frecuente y acumula la cuarta parte del total de efectos adversos.
Esa realidad pone de manifiesto que las infecciones nosocomiales (adquiridas en los centros sanitarios con motivo de la atención recibida) son cada vez más un problema importante de la asistencia sanitaria. Tal vez esa razón fue la determinante de que el primer programa de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente de la OMS fuera el de reducir la infección nosocomial.
La vigilancia epidemiológica es considerada el pilar en la prevención y según la OMS, debe ser un proceso circular de cuatro fases: ejecución de la vigilancia, divulgación de la información, acciones preventivas y evaluación del efecto de la vigilancia. El hecho de poner en marcha la vigilancia, sin ningún mecanismo adicional, evita una tercera parte de las infecciones nosocomiales.
