EFE. Protesta de familiares de policías en Cochabamba el pasado día 11
Rolando Gira, de 21 años, cometió el error de poseer unos electrodomésticos que despertaron la sospecha de hurto en sus vecinos de la población Senda Seis, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. El rumor se esparció, y pronto una turba de unas 500 personas decidió golpearlo hasta darle muerte el 14 de enero pasado. Tal como en «Fuenteovejuna», los responsables del crimen fueron todos y nadie a la vez. El destino de Gira es compartido cada vez por más bolivianos. Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), este año se han registrado 29 intentos de linchamiento y 11 se consumaron, lo que suma 40 casos, la mayor cifra para el primer trimestre en el último lustro.
Según un recuento de «La Razón», el principal diario boliviano, en 2005 sólo hubo unas 7 ejecuciones públicas, en 2006 al menos 10, y desde 2007 la ira colectiva se ha cobrado la vida de al menos 48 personas en cinco de los nueve departamentos (regiones) del país, especialmente en las zonas rurales que rodean a las urbes Santa Cruz (centro-este),Cochabamba (centro) y El Alto (oeste).
La crueldad y el número de linchamientos los ha convertido en materia de debate y muchos vinculan la asunción de Evo Morales como presidente en 2006 con el aumento de los ajusticiamientos.
Recientemente, el cardenal Julio Terrazas llamó a detener los ajusticiamientos y a respetar la vida «aún de los pecadores». Pero la llamada no penetra en justicieros autoungidos que no dudan en ahorcar, enterrar vivos o quemar a presuntos criminales. Una versión siniestra de «Vox populi, vox Dei» parece ser el lema.
El 26 de febrero pasado, por ejemplo, tres policías fueron quemados con agua hirviendo y luego asesinados a golpes. Se los acusaba de extorsionar. En 2006, un joven de 26 años se salvó a duras penas tras ser atado a un «palo santo» (un árbol con hormigas) en la zona del Chapare, tras ser confundido con un ladrón. Ese año, una mujer fue enterrada viva en la población de Chiru Kasa en Potosí, acusada de adulterio.
En 2004, Benjamín Altamirano, el alcalde del pueblito indígena Ayo Ayo, en el altiplano, fue golpeado, ahorcado y luego quemado en una hoguera por vecinos que lo acusaban de malversar fondos.
Curiosa justificación
Los linchadores suelen argüir que aplican la «justicia comunitaria», una figura indígena tradicional que goza de reconocimiento legal y cuyo fin es resolver conflictos menores, principalmente mediante el resarcimiento de daños. El proyecto de Constitución que el gobierno de Morales quiere aprobar mediante un referéndum en mayo pretende que la «justicia comunitaria» coexista con la justicia ordinaria para resolver todo tipo de conflictos.
Sin embargo, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, el proyecto gubernamental ha incentivado a que cada vez más personas tomen la justicia en sus propias manos.
Asimismo, el ex presidente de la Corte Suprema y ex primer mandatario, Eduardo Rodríguez, asegura que el codificar la «justicia comunitaria» es desvirtuarla, ya que es un método consuetudinario. El ex presidente precisa que el actual gobierno no ha afrontado el desafío de crear servicios judiciales en los 180 municipios -de 327- donde no existen.
Para muchos analistas, la violencia se ve estimulada por el enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición.
«La violencia pública y privada se está reinstalando en la sociedad», dice a ABC el politólogo Jorge Lazarte. «En buena parte ha sido incentivada por el discurso del gobierno, dando curso a la violencia colectiva en un país donde cada vez hay menos estado de Derecho y todo parece estar permitido».
Lazarte afirma que el gobierno y varias ONG han promovido la «justicia comunitaria», «pero en los hechos no se sabe exactamente qué es» el concepto, lo que da pie a una violencia descontrolada.
Sin embargo, el jefeparlamentario del partido Movimiento Al Socialismo (MAS, oficialista) en la Asamblea Constituyente, Román Loayza, asegura que no se debe culpar al gobierno por los ajusticiamientos. «Los linchamientos son la rabia del pueblo que quiere cobrarle a una delincuencia creciente. Lo que pasa es que la justicia no castiga», dice a ABC.
