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El informe de la Inspección concluye que Cañete no cometió irregularidades

El informe de la Inspección General de Servicios de la Administracióndel Estado concluye que el ministro de Agricultura no cometió ningunairregularidad. Arias Cañete había sido acusado porinformaciones periodísticas de incumplir la ley de incompatibilidades al no registrar en su declaración de actividades su supuesta presencia en consejos de administraciones de diversas empresas privadas.

Actualizado 17/02/2001 - 00:43:00
Dichas informaciones señalaban que Arias Cañete era consejero en activo de tres sociedades radicadas en Ceuta (Tecnijuego, Cebingo e Italcar España) y de una empresa relacionado con su cartera ministerial (Experimental Agrícola); apoderado en dos firmas dedicadas a la gestión agrícola (Capa y Domecq Rivero); y administrador solidario de una sociedad que controlaba seis empresas agrarias hasta diciembre del año pasado (Arias y Domecq).
Sin embargo, el informe de la Inspección General de Servicios -solicitado por el propio Arias Cañete para que aclarase si desde su nombramiento había incumplido la ley de incompatibilidades- certifica que el ministro no cometió irregularidades. Por lo que respecta a las sociedades Tecnijuego, Cebingo e Italcar España, la documentación fiscal aportada por el ministro acredita, además de que esas empresas están inactivas desde hace años, que el ministro nunca aceptó los cargos para los que fue nombrado «sin su consentimiento ni conocimiento».
La afirmación de que Arias Cañete no estuvo presente en las Juntas Generales que lo nombraron ni aceptó el cargo de consejero viene probada por los billetes de avión, facturas de hotel y justificantes del Parlamento europeo que demuestran la imposibilidad de que el ministro estuviera el mismo día en Ceuta y en Bruselas o Estrasburgo o que pudiera viajar en pocas horas de Ceuta a Madrid para tomar el avión de primera hora con dirección a Estrasburgo.
Según el informe, Arias Cañete nunca fue socio ni administrador de Capa y Domecq Rivero, ni ejecutó o hizo uso de los poderes que le fueron otorgados en 1990 por su condición de abogado. Según las certificaciones de los representantes legales de esas sociedades, los poderes dejaron de tener vigencia tras decaer el motivo que justificó su otorgamiento.
La escritura pública revisada por la Inspección acredita también que el ministro no es accionista de Arias y Domecq y que dimitió como consejero de esa firma el 31 de marzo de 2000. Con respecto a las empresas Experimental Agrícola y Presenta, los nombramientos fueron realizados en 1993 y 1991, por lo que deben entenderse caducados en virtud de los artículos 126 de la ley de Sociedades Anónimas y 145 del Reglamento del Registro Mercantil.
«ATAQUE AL MINISTRO»
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, el informe de la Inspección demuestra que las informaciones sobre la supuesta actividad privada de Cañete no se ajustan a la realidad y «únicamente una utilización interesada de esa actividad ha servido para intentar atacar la imagen pública del ministro y, por ende, la de todo el Gobierno». Por ello, las mismas fuentes anunciaron que el ministro se reserva ahora la posibilidad de emprender las acciones legales que correspondan.
Tras conocerse el documento de la Inspección General de Servicios, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, dijo que la conclusión del informe «no puede ser más sencilla y más clara», ya que «prueba lo que el ministro nos había dicho a todos».
Por su parte, el diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán aseguró que el PSOE «no pone en tela de juicio» el informe, pero insistió en que el comportamiento del ministro de Agricultura ha sido «deplorable desde el punto de vista estético».
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