Entre enero de 1992, durante la última etapa de Gobierno de Felipe González, y junio de 2001, ya con Gobierno del PP, «los acusados \[en el caso Gescartera\] crearon o desarrollaron una actividad claramentedirigida a lucrarse defraudando a sus clientes». Así de contundente es el escrito de acusación del fiscal en el denominado «caso Gescartera», una estafa que perjudicó a miles de personas de todos los sectores sociales y cuyo juicio empieza mañana con catorce acusados. Pese a su origen de delincuencia común, en opinión del fiscal, el «affaire» se convirtió también en una de las más feroces batallas políticas de la anterior legislatura, con acusaciones de corrupción, tráfico de información privilegiada y otros delitos por parte del PSOE sobre miembros del Gobierno y del PP. El caso provocó la dimisión de varios altos cargos nombrados por el Ejecutivo de Aznar.
El 14 de junio de 2001, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entonces presidida por Pilar Valiente, acordó por unanimidad la intervención de Gescartera Dinero AV SA y Gescartera Gestión Sociedad Gestora de Inversión Colectiva, SA por «imposibilidad de conocer la situación económico financiera y el destino de los fondos de sus clientes».
La detención de sus principales responsables, Antonio Rafael Camacho Friaza,José María Ruiz de la Serna y Pilar Giménez-Reyna, hizo saltar las primeras conexiones del caso con responsables políticos. Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
Después de las declaraciones de Antonio Camacho ante la juez instructora del caso -Teresa Palacios- se decretó a Camacho prisión incondicional. Pilar Giménez-Reyna aseguró ante Palacios que su presidencia de la sociedad era meramente «formal», y se produjo la primer víctima política.
Cuatro días después de la intervención de Gescartera, el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, presentó su dimisión invocando «razones familiares» y la «presión mediática» a la que estaba siendo sometido por sus vínculos familiares con una de las implicadas. Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, Giménez-Reyna reiteraba ante su dimisión «todos los argumentos expresados respeto a que no ha cometido irregularidad alguna».
A lo largo de la investigación judicial del caso se dieron a conocer nuevos datos, como el de que la CNMV aprobó la conversión de Gescartera en agencia de valores pese a que se habían detectado anomalías en sus operaciones y había sido expedientada. También trascendió que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los responsables de la sociedad, Antonio Camacho y Pilar Giménez-Reyna, por mediación del hermano de ésta, Enrique, que estuvo presente en los encuentros.
Estos datos, que vinculaban a personas y organismos de la Administración con el fraude, llevaron a los partidos políticos a crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso, que el PSOE quiso utilizar como ariete en su estrategia de acoso al Gobierno, y el PP para defender su actuación.
En una entrevista con ABC, Rodrigo Rato aseguró que el PSOE utilizaba el caso para cobrarse «la factura política» que tenía pendiente por el asunto Filesa, en el que se juzgó y condenó a varios responsables del partido por financiación ilegal.
En septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó, por 309 votos a favor y una abstención, crear la comisión de investigación del «caso Gescartera», que tendría dos meses de plazo para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los grupos pidieron la comparecencia ante la comisión de alrededor de trescientas personas que incluían, aparte de los implicados judicialmente, ministros, obispos, militares y ejecutivos de diversas empresas, ya que entre los perjudicados por el fraude aparecieron obispados, organismos militares y policiales además de varios miles de particulares.
El dietario
Mientras, la juez Palacios tomaba declaración por segunda vez a Pilar Giménez-Reyna, declaración que reveló la existencia de un dietario en el que la presidenta de Gescartera anotaba datos sobre la gestión de la sociedad, y que resultó una auténtica «bomba» para la investigación, tanto judicial como, sobre todo, política.
El descubrimiento, con fechas y participantes, de los contactos de responsables de Gescartera con altos cargos de la Administración, entre ellos la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, provocó un endurecimiento de la batalla política y, días después, la dimisión de la propia Valiente, que había rechazado tener responsabilidad alguna en el escándalo desde el estallido de este.
El dietario de Pilar Giménez-Reyna permitió conocer, entre otras cosas, que su papel en la empresa no era meramente «decorativo» como había afirmado en su primera declaración ante la juez Palacios. A través de su hermano estuvo detalladamente informada de la tramitación del expediente que la CNMV abrió a la agencia en 1999. Otra anotaciónrevela que Enrique Giménez-Reyna había transmitido a su hermana el «revés» que Pilar Valiente habría propinado al entonces director de supervisión de la CNMV, David Vives, a cuenta de un intento de inspección a Gescartera. Igualmente, la agenda de Pilar Giménez-Reyna contenía una nota que involucraba directamente a Pilar Valiente. «P. Valiente. Expediente queda absolutamente limpio, resuelto, despejado y sin reserva que objetar» y, del mismo modo, a Luis Ramallo, ex diputado del PP, y entonces vicepresidente de la CNMV. El 5 de abril de 1999, la presidenta de Gescartera escribe en su dietario: «Día horribilis, tarde horribilis. Confío en Luis plenamente». Finalmente, en otra nota atribuida a Pilar Giménez-Reyna, los investigadores creyeron ver que Pilar Valiente pasó información privilegiada a uno de los responsables de la ONCE sobre la fusión del BBV con Argentaria. La anotación, referida a la compra de 2 millones de acciones del BBV, es del 28 de septiembre de 1999. El 19 de octubre se anunciaba la fusión de ambas entidades.
Pese a que desde su defensa se sostuvo que las anotaciones eran impresiones personales de Pilar Giménez-Reyna, lo cierto es que Pilar Valiente presentó su dimisión a las cuarenta y ocho horas de conocerse los datos del dietario.
Paralelamente, la investigación en el Congreso de los Diputados tropezó desde el primer momento con el silencio de los principales implicados. Camacho y Pilar Giménez-Reyna se acogieron a su derecho a no declarar, a pesar de lo cual el diputado Juan Fernando López Aguilar formuló las cerca de 70 preguntas que tenía preparadas, encaminadas muchas de ellas a buscar la posible implicación de miembros del Gobierno y altos cargos del PP en el escándalo, y que no obtuvieron respuesta.
Pilar Valiente, sin embargo, sí utilizó su comparecencia ante la comisión parlamentaria para defenderse de las acusaciones. Durante más de siete horas de interrogatorio por parte de los diputados, la ex presidenta de la CMNV se presentó a sí misma como la «bestia negra» de Gescartera, la «causa de todos los males» de la agencia. «Los directivos de Gescartera están en la cárcel, la agencia de valores está intervenida, las irregularidades han sido plenamente descubiertas. Y tengo que decir que no me tembló la mano al adoptar las decisiones que tomé», aseguró en su comparecencia. Valiente dijo también ante los representantes políticos que el dietario de Pilar Giménez-Reyna era «falso» y que el director de supervisión, Vives, «mintió» cuando la acusó de obstaculizar la investigación.
La Junta, inversora
Si la investigación parlamentaria proporcionaba sorpresas un día sí y otro también, tampoco la judicial se quedó atrás. La instrucción del caso permitió conocer los vínculos de Camacho con relevantes miembros del PP, pero también con destacados dirigentes del PSOE. Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, estuvo invitado a la boda en Cuenca de Camacho, aunque no trascendió si llegó a ir. Sí se supo, en cambio, que por intermedio de un hermano de Carmen Hermosín, consejera de Chaves, empresas públicas andaluzas habían invertido también en Gescartera, por lo que el PP exigió a Chaves explicaciones «urgentes, claras y creíbles» sobre los hechos.
En su contraataque, el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó directamente a Aznar y sostuvo que «este escándalo político y financiero ha sido concebido por un secretario de Estado de Hacienda, alimentado, enriquecido con la ayuda del poder político y de las instituciones mientras se estaba lavando dinero negro y se estaban llevando el dinero de los ahorradores».
Tras la comparecencia de Rato ante la comisión parlamentaria, en la que el entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía acusó al PSOE de someterle a una «cacería personal» y ridiculizó el guión de la «película» que, en su opinión, los socialistas habían montado sobre el supuestro trato de favor a Gescartera, la comisión se cerró con un dictamen exculpatorio del Gobierno, en el que las responsabilidades políticas quedaron zanjadas con las dimisiones de Giménez-Reyna y Pilar Valiente.
«Cuatro listillos»
Por su parte, la instructora del caso llegó a afirmar meses después del estallido que «lo que se destapó al investigar la agencia de valores no hay que confundirlo con un escándalo económico. Al menos no es esa la conclusión a la que he llegado tras la serie de declaraciones que hemos realizado en la Audiencia Nacional. Esto ha sido un desfalco que ha afectado a muchas capas sociales y del que hay muchos perjudicados. Quien quiera ver aquí "la Filesa del PP" se equivoca porque Gescartera sólo ha sido un "chiringuito" financiero en el que tres o cuatro listos se han hecho ricos a costa de miles de personas».
Palacios señaló también en una entrevista publicada en un diario de Córdoba que «en la trama de financiación ilegal que se le descubrió al PSOE había facturas falsas, por ejemplo, algo que aquí no tenemos. De otro lado, el GAL o los fondos reservados eran cuestiones de Estado y Gescartera no lo es en absoluto», aseguró la magistrada en unas declaraciones que fueron objeto de investigación por el CGPJ.
En el plano estrictamente judicial, el fiscal solicita ahora penas que van desde los once a los tres años de cárcel para los catorce imputados por el fraude, que asciende a un total de 8.356.069.397 pesetas (50,23 millones de euros), por delitos de apropiación indebida y falsedades documentales. En su escrito de acusación, el Ministerio Público detalla cómo funcionaba el entramado con el que, «durante más de 9 años», los acusados «desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse defraudando a sus clientes» y cómo pusieron en marcha un «sistema operativo fraudulento que les iba a permitir hacer suyo el dinero o valores entregados por aquéllos manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el sistema o montaje que ficticiamente daba garantía de solvencia al grupo societario de Gescartera, haciéndolo más atractivo a los ojos de sus futuros clientes, lo que, a su vez, permitía a los acusados apoderarse de sucesivas remesas de dinero o valores de nuevos clientes a modo de carrusel o «cadena sin fin» defraudatoria que afectó a una masa de clientes que incluyendo los ficticios ascendería a unos 4.005».
Los máximos responsables eran Antonio Camacho, propietario de Gescartera, y José María Ruiz de la Serna, para los que el fiscal solicita 11 años de prisión y el pago de una multa que asciende a 43,7 millones de pesetas (263.000 euros). Ruiz de la Serna se encargó de engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la situación de Gescartera.
Junto a ellos, Aníbal Sardón -para quien se pide la misma pena-, que captó clientes «exclusivos» para Gescartera y «gestionó»sus «inversiones».
Según el fiscal, Camacho dispuso «en interés propio» de 1.158.452.606 pesetas (6,96 millones de euros), cantidad a la que deben añadirse otras 832.970.465 pesetas (5 millones de euros) que «se detrajeron en beneficio» de personas de su entorno. Entre los principales imputados se encuentra también Pilar Giménez-Reyna, quien además de captar clientes fue presidenta de Gescartera «a sabiendas de que los fondos de los clientes no eran invertidos conforme se informaba a éstos». Para ella, el fiscal pide 8 años de prisión, igual que para los acusados Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González.
A seis años de cárcel ascienden las condenas solicitadas para Agustín Fernández Ameneiro, Laura García Morey, Ángeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar; y a tres para Carlos Ortín, José Alfonso Castro y Miguel Prats.
