INCLUSO para quienes compartieron el fondo de su discurso, la acusación lanzada por Mariano Rajoy al presidente del Gobierno ha resultado en exceso tremebunda o hiperbólica. Para sus detractores, naturalmente, constituye una prueba irrefutable de la deriva radical adoptada por la facción opositora. Creo que en ambas consideraciones subyace un fondo de hipocresía. Si Rajoy hubiese culpado al presidente del Gobierno de «traicionar a los vivos» nadie se hubiera rasgado las vestiduras; no hay debate parlamentario en el que desde una u otra facción no se arroje sobre el adversario una acusación de este jaez: así, por ejemplo, cuando Zapatero conminó a Rajoy, con retórica tan pedestre como efectista, a «mirar a los ojos» a los homosexuales y negarles su «derecho» a contraer matrimonio, estaba profiriendo, siquiera de forma tácita, una acusación mucho más tremebunda o hiperbólica. No entiendo por qué razón los vivos pueden ser invocados sin empacho para colgarle al adversario sambenitos oprobiosos y, en cambio, a los muertos hay que mantenerlos quietecitos, disfrutando de la paz de los sepulcros. Puedo llegar a entender que la muerte, como realidad luctuosa que es, exija una mención especialmente reverencial que los vivos no demandamos. Pero en la acusación de Rajoy no atisbamos indelicadeza alguna hacia los muertos, a quienes en todo caso otorgó voz en un debate que corría el riesgo de ignorar su existencia.
Y así llegamos al meollo de la cuestión. La acusación de Rajoy escandaliza y enoja porque se atreve a otorgar voz a los muertos, tan molestos e inconvenientes en la quimera pacificadora de Zapatero. Nuestra época ha consagrado un tipo de acción política que convierte a los muertos en una especie de paisaje ornamental propicio para las efusiones retóricas, los homenajes florales y los monumentos new age; pero, fuera de estos aspavientos más o menos rumbosos, se acepta que su memoria no maniate a los gobernantes ni lastime su conciencia. La acusación de Rajoy, al exigir que esa memoria recupere su protagonismo, ha resultado insoportablemente obscena. No en vano la facción gobernante se ha preocupado de estigmatizar a las víctimas del terrorismo etarra y a sus familiares, caricaturizándolos como una recua de fascistillas manipulados por la facción opositora. Ahora descubrimos que el propósito de una caracterización tan gruesa no era otro que apartarlos del inminente «proceso de diálogo», como quien se libera de unos michelines que restan donaire a su figura.
No me atreveré a negar que dicho proceso, en su impulso inicial, nazca de esa «infinita ansia de paz» que nuestro presidente mencionó como una de las aspiraciones máximas de su mandato. Pero tampoco logro sustraerme a la sospecha de que en tan loable anhelo interfiera otro mucho más sórdido de consumar el arrinconamiento de la facción opositora, que durante el primer año de mandato socialista se ha logrado a través de una exasperación de los ánimos que hunde sus raíces en el 11-M. Ahora el órdago es mucho más arriesgado: se trata de declarar obsoleto un Pacto Antiterrorista que ha rendido frutos benéficos a la sociedad española, inimaginables hace apenas unos años, para obtener una paz que condenaría a la facción opositora a las tinieblas exteriores. La combinación de la facción gobernante no puede ser más maquiavélica: se aprovecha de una situación generada por la vigencia de dicho Pacto para coronar un proceso largamente ansiado por los españoles, a la vez que relega al ostracismo a quienes han sido sus máximos promotores. A Rajoy no debe escapársele que, si dicha combinación se completa, la travesía por el desierto será larga y agotadora; de ahí que, al anteponer la memoria de los muertos -los principales damnificados de esta combinación- sobre los intereses coyunturales, haya agrandado su estatura política.
