PACO VADILLO
MÉRIDA. Los populares de Extremadura han solicitado la comparecencia «urgente» del consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, en el pleno de la Asamblea de Extremadura para que pueda explicar «por qué la Junta de Extremadura ha empezado a reclamar un impuesto sobre los avales hipotecarios que no se había cobrado hasta la fecha». En declaraciones a Europapress, la Secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha afirmado que «de la noche a la mañana, sin previo aviso, la Junta de Extremadura, teniendo transferido este impuesto desde 2001, ha empezado a liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre los avales que están garantizando los préstamos hipotecarios».
Lo que asegura el PP extremeño es que algunos ciudadanos que hace varios años pidieron una hipoteca para comprar una casa, y al que al banco le exigió un aval, se encuentran ahora, según el PP, con que la Junta le reclama un impuesto «que consiste en el uno por ciento del montante avalado, que hasta la fecha no se había reclamado».
El PP cree que este nuevo impuesto «se lo ha sacado de la chistera» la administración regional y dudan de su legalidad. Afirman los populares que la propia Agencia Tributaria afirma que en un mismo acto jurídico con un préstamo y un aval, «hay que tributar sólo por el préstamo, no por el aval».
El PP se ha puesto en contacto con algunos expertos que creen que el cobro de este impuesto es una «doble imposición». Por eso, señalan que además de suponer una «dudosa legalidad», es «absolutamente injusto» que un comprador «que desconocía la existencia de este impuesto y no tuvo oportunidad de pagarlo de forma voluntaria, venga A la Junta años después y lo reclame por la vía de apremio», critican desde las filas populares.
En las declaraciones de Teniente se extraen varios calificativos a esta acción de la Junta de Extremadura, que tildan de «inmoral que ahora el Gobierno regional, años después, reclame este impuesto sin previo aviso, con carácter retroactivo y cobrando recargo».
Cambio de criterio repentino
El Grupo Parlamentario Popular ha hecho pública su intención de que el consejero Ángel Franco explique en la Asamblea «a qué se debe este cambio de criterio repentino de la Junta a la hora de reclamar un impuesto transferido desde 2001». Los populares quieren conocer cuántos contribuyentes van a tener que pagar este impuesto y destacan que se trata de la primera medida fiscal del presidente Fernández Vara.
Por su parte, la Junta de Extremadura en un comunicado defiende que actúa con total transparencia y objetividad en la ejecución de la normativa aplicable de tributos. Ante críticas recibidas, la Administración regional aclara que los hechos que se denuncian son consecuencia de la práctica de algunas entidades financieras, «que trasladan al cliente el impuesto que legalmente les corresponde pagar a ellas, como consecuencia de acuerdos previos con éstos».
Afirma la Junta que cuando una persona realiza la constitución de una fianza, "ésta está sujeta a tributación únicamente en los supuestos en que no acompañe a la operación de constitución de préstamo hipotecario", siendo, aseveran, una operación habitual en el caso de la subrogación de hipotecas.
La administración asegura que entre las competencias que recibió la administración extremeña en 2001 no figura la posibilidad de modificar la tributación de las fianzas o avales, «por lo que la normativa de este tributo es básica y uniforme para todas las comunidades autónomas».
Por tanto, la Junta aclara que no se trata de un impuesto sobre un acto jurídico documentado, «sino que el afianzamiento constituye una transmisión patrimonial onerosa, diferente de la constitución de la hipoteca. De ahí que no sea cierto que se esté efectuando una doble imposición».
