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El viernes se ratifican los funcionarios que se opusieron a la Zerrichera

MANUEL BUITRAGOMURCIA. El juez Antonio Alcázar sigue atando todos los cabos del escándalo de La Zerrichera y ha citado a declarar a los tres funcionarios de la Comunidad de Murcia que se opusieron a

Actualizado 16/01/2008 - 02:45:08
MANUEL BUITRAGO
MURCIA. El juez Antonio Alcázar sigue atando todos los cabos del escándalo de La Zerrichera y ha citado a declarar a los tres funcionarios de la Comunidad de Murcia que se opusieron a la recalificación de los terrenos de Águilas para construir la urbanización que proyectaba el Grupo Hispania, ahora paralizada por el Tribunal Superior de Justicia.
Uno de estos funcionarios, que deberá comparecer este viernes en el juzgado número 3 de Murcia, es Remigio Masia García, que fue destituido la semana pasada como jefe de servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo, e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes. Estos tres, junto con su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron el 31 de agosto del 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos enclavados dentro de una zona de la Red Natura 2000 con la protección específica de LIC y ZEPA.
Concluyeron en que «la actuación urbanística se considera incompatible con la conservación de los valores naturales presentes en la zona objeto de la actuación».
Dicho informe cerró la puerta al proyecto, pero después se reactivó y se recalificaron los terrenos, los cuales multiplicaron considerablemente su valor. Se hizo sin que mediara otro informe a favorable de la Dirección General de Medio Natural.
Los tres funcionarios se ratificarán probablemente ante el juez en lo mismo que declararon el año pasado ante el fiscal. Como hizo también Carlos Brugarolas en noviembre, cuando fue llamado por Antonio Alcázar.
Otra línea de investigación paralela atañe a la actuación del alcalde de Águilas, Juan Ramírez (PP), imputado en esta causa debido al cúmulo de presuntas irregularidades que cometió cuando reactivó el proyecto.
El juez ha llamado a declarar al secretario general del Ayuntamiento en aquellas fechas, José Luis Pascual Martínez. Éste fue expedientado por Juan Ramírez, aduciendo que se había negado a firmar 27 expedientes que frenaban la actividad municipal.
Tanto el PSOE como IU consideran que fue una represalia contra el secretario por haber declarado éste ante el fiscal jefe del TSJ sobre las supuestas ilegalidades en la gestión del alcalde.
José Luis Pascual ha dejado de ser secretario de Águilas y ejerce desde este semana en Santa Pola, según explicó Miguel Antonio Carrasco Cayuela, portavoz de IU. El secretario también está dispuesto a ratificar ante el juez lo que ya le dijo al fiscal sobre la actuación del alcalde. Este último declaró en una reunión que «le rebañaban la cabeza» si no reactivaba la recalificación de los terrenos, ya que estaba recibiendo fuertes presiones.
Aportará pruebas
Carrasco Cayuela es otro de los testigos citados a declarar. El portavoz de Izquierda Unida aportará pruebas documentales según las cuales el alcalde sabía que un concejal de su grupo, José López, era propietario de parte de los terrenos de La Zerrichera que se iban a recalificar, y que pese a ello participó en un Pleno que trató esta cuestión, en lugar de abstenerse.
Carrasco también declarará sobre una conversación que mantuvo con el portavoz del PSOE, Ramón Román, en la que éste le confesó que otro concejal socialista, Pedro Gil, le había informado de que había un maletín de dinero de por medio si los socialistas no se oponían a la recalificación de los terrenos. Una suma de dinero sería supuestamente para Román y otra para Gil.
Este último -que fue expulsado del PSOE junto a otros tres ediles de Águilas- ha negado que existiera ese intento de soborno, en el que podrían estar implicadas personas de la empresa promotora.
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