Los máximos responsables de la Guardia Civil en Asturias aseguraron hoy que este Cuerpo "no falló" en el control de los explosivos que se utilizan en las minas de la región y mostraron su convencimiento de que Antonio Toro no disponía de dinamita en 2003, cuando dos confidentes dieron esa información.

El general Pedro Laguna, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias hasta el pasado 11 de junio, y su sucesor interino, el teniente coronel Fernando Aldea, responsable de la Comandancia de Oviedo, coincidieron ante la comisión de investigación del 11-M en que los controles del instituto armado sobre los explosivos "no han fallado en ningún momento".

Laguna y Aldea dijeron también que, pese a que dos confidentes distintos, uno en Asturias y otro en Madrid, informaron en febrero de 2003 de que Toro disponía de cien o 150 kilos de dinamita escondidos cerca de Avilés, están convencidos de que esos explosivos "no existían" porque la investigación que se llevó a cabo para comprobar ese extremo no dio resultados.

La primera noticia de que Toro y su cuñado, el ex minero Emilio Suárez Trashorras, podían tener Goma 2 la recibió la Guardia Civil asturiana el 10 de febrero de 2003, cuando un interno de la prisión de Villabona, "Nayo", les informó de que ocultaban "unos cien kilos" de dinamita, además de algunas armas.

Cuando el instituto armado trató de verificar ese dato, comprobó que la Unidad Central Operativa (UCO) de ese mismo Cuerpo estaba sobre el asunto porque uno de sus confidentes, el marroquí Rafá Zouhier, les había asegurado que Toro disponía de 150 kilos de explosivos para los que buscaba compradores en Madrid.

La Comandancia de Asturias solicitó entonces a la UCO que le remitiera un escrito para dar cuenta de sus averiguaciones, lo que esta unidad hizo mediante una nota informativa fechada el 27 de febrero de 2003. "Lo que tenemos, pero con 50 kilos más", aseguró hoy Laguna que exclamó cuando recibió la nota de la UCO, de la que dijo que "no descubría nada nuevo" y que Aldea calificó de "escueta" y "sintetizada".

Ambos relataron a la comisión que las investigaciones llevadas a cabo a partir de ese momento no dieron fruto, lo que les llevó al convencimiento de que los explosivos "no existían". Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, según Aldea, "Nayo" ingresó en prisión en 2001 después de ser detenido en la "operación Pipol" contra el narcotráfico porque Toro y Suárez Trashorras "le metieron en un tema de drogas y lo delataron a la Policía".

Según el teniente coronel, "Nayo" habría acusado a estas dos personas "para complicarles la vida" y "por rencillas".

La Policía tampoco dio crédito a este confidente y llegó a la conclusión de que lo que contaba era "un cuento chino", relató hoy en la comisión el jefe superior de Policía de Asturias, Juan Carretero.

Este explicó que la Policía llegó a rastrear con perros una zona próxima a Avilés después de que el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Rafael Valero Oltra, les dijera en 2002 que había recibido noticias de que "un traficante" almacenaba 400 kilos de explosivos, pero que no se encontró nada y que la información se desestimó "por inverosímil".

La investigación de la Guardia Civil el año siguiente tampoco detectó "nada anormal o delictivo", por lo que las pesquisas derivaron hacia el tráfico de drogas después de que en una conversación "informal" con la Fiscalía de Avilés el ministerio público les dijera que no había base jurídica para autorizar registros o intervenciones telefónicas.

La conclusión de los dos mandos de la Guardia Civil es que "hemos sido los únicos que hemos investigado", a pesar de que, en opinión de Aldea, el caso "se salía del ámbito local", lo que refrendó Laguna al indicar que "la fuente está en Madrid y los contactos se producen en Madrid".

Ambos responsables discreparon así de lo manifestado en la comisión el pasado 20 de julio por el jefe de la UCO, Félix Hernando, quien dijo que la competencia era de Asturias y que para investigar la trama hubiera tenido que saltarse los protocolos de actuación de la Guardia Civil.

Según Laguna y Aldea, los explosivos empleados en los atentados de Madrid fueron robados entre enero y febrero de este año, aunque la sustracción se produjo sin que fallaran los controles que el instituto armado realiza en este ámbito.

"En Asturias no fallamos", aseguró el general, que reconoció sin embargo que una vez que los explosivos están en la mina el control "se nos pierde a la hora del consumo", por lo que atribuyó el robo a deficiencias en el "control interno" de la Mina Conchita. Tanto Laguna como Aldea aseguraron que "no existe mercado negro ni tráfico de explosivos" en esta comunidad autónoma. Carretero, sin embargo, afirmó que en Asturias, "según dicen en la calle, hay mucha gente que cree que es normal, muy común, que cualquier persona que ha trabajado en una mina tenga cartuchos de Goma 2 o dinamita".

El jefe de la Policía en Asturias consideró "muy difícil" creer que Suárez Trashorras pudiera adiestrar a los autores de la matanza en el uso de los explosivos. "Para mí era un traficante de hachís más", dijo Carretero.

El responsable policial fue el último compareciente en la sesión de este viernes, ya que los comisionados acordaron aplazar hasta el próximo día 25 el testimonio del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, previsto inicialmente para esta tarde.