Dicen los que la conocen que era una niña alegre, que jugaba, iba al colegio y tenía muchas mascotas en su hogar de La Orotava, al norte de Tenerife, donde ha vivido durante casi dos años. Nadie la ha visto, nadie sabe cómo es en realidad, pero ha logrado sensibilizar a la sociedad canaria desde que se convirtiera en protagonista de una batalla legal entre su madre biológica y sus padres de acogida para conseguir su custodia. Ahora, a la espera de que se decida su futuro, hace tres días y tres noches que abandonó su hogar tinerfeño para ingresar en un centro de acogida canario.
Sucedía este jueves, cuando la pequeña de sólo cinco años era localizada en una clínica privada donde la habían ingresado sus padres acogentes. Un juzgado de La Orotava, en Tenerife, ordenaba a la Dirección General del Menor y la Familia de la Comunidad autónoma recoger a Piedad y valorar su estado de salud para ingresarla en un centro de acogida donde, de darse cumplimiento a las últimas sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el caso, su madre biológica y su abuela podrán visitarla hasta que la niña esté preparada, de nuevo, para integrarse con su familia.
El fallo, de marzo de este año, no se ha podido ejecutar todavía por la insistencia de los padres de acogida de Piedad en retener a la niña, al negarse a dejar en otras manos a la que consideran su hija. Actitud que les ha costado una denuncia de la Dirección General de la Familia -que hasta ahora siempre se había decantado por apoyarles- por sustracción de menores.
No en vano, desde que se conoció la sentencia de la Audiencia la familia acogente de Piedad ha jugado al gato y al ratón, considera la otra parte implicada, con el paradero de la pequeña, «desconocido» hasta que esta semana Prodeni (Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña) hacía público su ingreso en un centro hospitalario «tras sufrir crisis de ansiedad y ataques de epilepsia provocados por el eminente abandono de la niña del que ya considera su hogar».
Para Fernando Hernández, abogado de la madre biológica de Piedad, las cosas son muy diferentes. Explica, en una entrevista con este periódico, que el informe psicosocial que los técnicos hicieron de la menor indican que la pequeña recuerda «perfectamente» a su madre. «Hicieron una reunión de dos horas, sin decirle a Piedad que la señora con la que estaba era su progenitora, y la niña no sólo jugó con ella dando muestras de afectividad sino que a su despedida dijo que quería volver a verla».
Por ello, Hernández se pregunta si las presuntas crisis que sufre Piedad no estarán provocadas por las posibles presiones a las que haya sido sometida por su familia acogente. Además, recuerda que la última resolución de la Dirección General del Menor indica que podría estar padeciendo «maltrato emocional» y explica que todos los informes que son contrarios al regreso de Piedad con su madre biológica «proceden de instituciones privadas».
«Todo empezó en 2002»
La Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, que tiene la guardia y tutela de la niña, la entregó en calidad de «acogimiento provisional preadoptivo» cuando la menor tenía tres años y medio a una familia de La Orotava, y que según los acogentes estaría respaldado por una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero Hernández asegura que no medió instancia judicial alguna en la entrega de Piedad a su familia de acogida.Este abogado recuerda que todo empezó en 2002, cuando la madre biológica de Piedad se encadenó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para pedir ayuda. «En ese momento se encontraba sin recursos, sin vivienda y con un problema psicológico». Circunstancias «que ya se han resuelto positivamente».
En ese momento, la Administración declaró la situación de desamparo de Piedad, se entregó a la niña a Menores y se internó en un centro. «Al día siguiente se comienza el procedimiento judicial contra el desamparo y la madre, mi cliente, reclamó a Piedad, mientras comenzaba su tratamiento en distintas instituciones». Según cuenta Hernández, Menores nunca trabajó con la madre biológica de Piedad para reintegrarla con su hija, «hasta que llegó un día en el que le cortaron las visitas de raíz». Sucedía en 2003. Poco después, dictaban una resolución favorable al acogimiento preadoptivo de Piedad, que se materializó en 2005, «sin ni siquiera comunicarlo a su madre».
Para la otra parte implicada, el meollo de la cuestión está en que no es lo mismo según la normativa un «acogimiento preadoptivo» que una «adopción». Para el abogado de la familia de La Orotava, Juan Manuel Fernández del Torco, Piedad está en este último régimen y se ampara en el artículo 177.3, apartado cuarto del Código Civil, que plantea que «la autoridad judicial, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél tiene la potestad de ser oída».
Fernando Hernández replica que esta situación no cabe en ningún caso porque «hay dos procedimientos judiciales de por medio que anulan las resoluciones anteriores». De hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial dejaba constancia de «la necesidad de que cualquier acogimiento familiar requiere bien el consentimiento de los padres o que medie una resolución judicial, y que la Administración sólo podrá acordar un acogimiento familiar provisional».
Con posturas irreconciliables, Fernández del Torco insiste en que en este procedimiento ha habido «demasiadas» irregularidades, que han terminado en la situación actual en la que la familia adoptante ha presentado un recurso contra el auto de la Audiencia de Las Palmas, que requería a la madre, Soledad Perera, que entregara a la menor.
La idea de la familia adoptante no es otra que continuar hasta el final. Así, acudirán al Constitucional o incluso a los tribunales europeos de derechos humanos. Su intención es otra que se «respeten los derechos de Piedad».
En este punto, Hernández recuerda que todos los pronunciamientos son favorables a su cliente, y que los padres de acogida de Piedad han forzado todas las máquinas posibles para retrasar el cumplimiento de la sentencia. «Incluso solicitaron la recusación de Ricardo Moyano, presidente de la Sala» tras hacer unas declaraciones en prensa pronunciándose sobre el caso días antes de tener que adoptar una decisión; una recusación que finalmente fue admitida pero que para Hernández demuestra que «lo único que quieren es ganar tiempo porque ya no tienen más argumentos».
La madre acogente de Piedad, Soledad Perera, no se resigna a que la pequeña a la que ha estado criando con tanto cariño ingrese en un centro y repite incansable que «los niños felices no van a esas instituciones», que dice no cumplen con las mejores condiciones.
En opinión de Hernández, todo esto se podría haber evitado si se hubiera cumplido la primera sentencia al respecto, de junio de 2006, que pedía devolver a Piedad a su madre biológica y que permitía un régimen de visitas regular de los padres de acogida a la niña; sentencia que tampoco aceptaron y fue recurrida.
Hernández, además, hace especial hincapié en que su cliente, que no haquerido prodigarse en los medios de comunicación para preservar su intimidad y la de la historia de su pequeña, «ha luchado por su hija desde el primer momento y no se va a rendir ahora», aunque «juegue con muchos elementos en contra al no contar, como la otra parte, con el apoyo de determinadas instancias políticas». Por las mañanas, desde hace ya unos meses, «conoce las últimas noticias de su niña por la prensa, y le duele ver cómo en algunas ocasiones la otra familia vulnera su derecho a la intimidad».
Si se publica que ha ingresado en un centro con una crisis de ansiedad, «su madre no puede hacer nada, no puede comprobar cómo se encuentra, ni ayudarle; y eso le afecta mucho», dice Hernández al tiempo que confía en que pronto se pueda resolver todo para que la madre y la abuela de Piedad cumplan su sueño, abrazar otra vez a su pequeña.
Con la menor ya en un centro de acogida, la familia de La Orotava no se resigna a perderla y recurrirá todas las sentencias que instan a que la pequeña vuelva con su madre biológica
ABC
La madre de acogida, Soledad Perera, en una concentración ante la Dirección General del Menor
