La Comisión Europea ha dado una última advertencia a las autoridades valencianas para que modifiquen antes de tres semanas la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), bajo la amenaza de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no hay cambios en ese plazo.
Bruselas ha enviado a las autoridades españolas un "dictamen motivado", segunda fase del procedimiento de infracción comunitario, y ha advertido de que "si no existe una respuesta satisfactoria en el plazo de tres semanas, la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".
"La Comisión observa que las autoridades españolas no se han ajustado" al primer aviso dado por Bruselas, y que el proyecto de ley que prepara la Generalitat "no es suficiente para poner fin al incumplimiento en diversos puntos", indica una nota del Ejecutivo comunitario.
En particular, "no prevé una solución adecuada para la cuestión del período transitorio aplicable a la LRAU" (Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística).
Además, la adjudicación de los Programas de Acción Integrada (PAI) que regula el proyecto de Ley Urbanística incumple la normativa comunitaria de contratos públicos de obras y servicios, según Bruselas.
"Los municipios de la Comunidad Valenciana se encargan de adjudicar estos programas que sirven para llevar a cabo obras públicas de equipamiento", indica el comunicado, que añade que las Cortes Valencianas han iniciado un procedimiento legislativo para modificar la LUV y adaptarla a las directivas correspondientes.
Por otro lado, el Parlamento Europeo respaldó ayer la aplicación de una moratoria en las recalificaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana para evitar que se produzcan abusos en ciertas actuaciones y hasta que entre en vigor la nueva legislación.
La intervención del PE en el asunto de las recalificaciones se produjo a raíz de las cerca de 15.000 quejas -muchas de ellas de ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE) residentes en la Comunidad Valenciana- recibidas por la comisión de Peticiones del Parlamento sobre abusos urbanísticos en la aplicación de la LRAU promulgada en 1994.
