J. G.
BARCELONA. Un caso de corrupción salpica la etapa de CiU al frente del gobierno catalán y de sus empresas públicas. La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha solicitado casi 17 años de cárcel en total para tres ex altos cargos de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en los años noventa, por presuntamente contratar irregularmente, sin saberlo el Consejo de Administración, un plan de pensiones del que se beneficiaron dos de ellos y otros 13 directivos con más de 2,7 millones de euros. En sus conclusiones provisionales, el fiscal pide seis años de prisión para Enric Roig, ex director y ex presidente de FGC, y otros seis para Antoni Herce, también ex presidente de FGC, así como cuatro años para Albert Vilalta, ex presidente de FGC y ex consejero de Medio Ambiente con CiU -quien según el fiscal no se lucró con el plan pero lo gestó-, por prevaricación y malversación de caudales públicos. También solicita que se les inhabilite para cargo o empleo público y la devolución de los 2,7 millones que costó el plan de pensiones. El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó la causa contra otros 13 directivos de FGC que también se beneficiaron de este plan. La Fiscalía, por su parte, no les imputa cargos, pues considera que no sabían que el dinero que cobraron era ilícito, pero les exige que lo devuelvan.
