Definitivamente, el estilo festero del jaleo se ha impuesto en el universo político español. El Gobierno extremeño fue el que puso el grito flamenco en el cielo, pero es el de Murcia el que parece empeñado ahora en imprimir más «jondura» en la polémica suscitada por la pretensión del Estatuto andaluz de blindar la promoción y el desarrollo de este arte. Ayer, Juan Ramón Medina, consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, avivó las llamas del debate al afirmar que la pretensión de Andalucía de asumir competencias exclusivas sobre el flamenco dentro del proceso de reforma de su Estatuto es «una barbaridadpropia de algún cateto».
Medina fue también contundente al calificar la idea que plantea el Estatuto de «absolutamente descabellada». El consejero de Educación y Cultura murciano subrayó que «el flamenco es un arte y, como tal, no tiene dueño», yseñaló que «tal vez haya una confusión por parte de los que han hechoesa propuesta, porque una cosa es reclamar competencias culturales y otra es hacerlo en materia de arte». Así, Medina remarcó que «el arte y la ciencia no se pueden encorsetar en un Estatuto de Autonomía, lo que no es incompatible con la gestión cultural de instituciones concretas». «Sería razonable que la Junta de Andalucía solicitara competencias sobre el museo Picasso, ubicado en Málaga, pero sería totalmente absurdo que lo pretendiera sobre la pintura abstracta», ejemplificó.
Destinada al fracaso
El titular de Cultura del Ejecutivo murciano aseguró que la iniciativa incluida en el proceso de reformadel Estatuto andaluz «es una propuesta destinada al fracaso, porque el flamenco, como arte patrimonio de la humanidad, prolifera enAndalucía, en Murcia, en Madrid o en Japón, y nadie va a renunciar a escuchar flamenco o a organizar festivales porque a algún personajepoco afortunado se le haya ocurrido reclamar competencias exclusivas sobre este arte».
Y en esta polémica, a los murcianos les sobran voces cualificadas y legitimadas, como la del alcalde de La Unión, José Manuel Sanes, que recientemente abrió otro frente al asegurar que «nadie podrá reclamar o adueñarse del patrimonio flamenco genuino nacido del trabajo en las minas».
