MADRID. Los principales dirigentes del PSOE salieron ayer en bloque a defender la tesis de que los dos diputados rebeldes estarían envueltos en un caso de corrupción inmobiliaria en la Comunidad de Madrid, de la que no sería ajeno el PP. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera aseguró que existen «indicios sólidos» de que Eduardo Tamayo y Teresa Sáez «han podido ser sobornados, lo que se traduciría en un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias».
Más claro, si cabe, fue el secretario de Organización del partido, José Blanco. En declaraciones a Telecinco, este dirigente socialista dijo haber «notado cierto nerviosismo en algunas filas del PP» y añadió que «seguramente cuando conozcamos a los instigadores nos podemos llevar sorpresas e incluso las manos a la cabeza». Blanco aseguró que el día en el que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Rafael Simancas, anunció que «modificaría la ley del suelo» y dijo que «los especuladores iban a estar fuera de los despachos» fue cuando «empezó el ruido de cheques» en Madrid, donde «hay muchas plusvalías y muchas recalificaciones en juego».
Blanco insistió en que «alguien adulteró, instigó y promovió que no hubiera estabilidad parlamentaria en Madrid» y, aunque intentó aclarar que él no dice que el PP «esté detrás», aseguró que «es evidente que el PSOE contaba con 47 diputados y ahora se queda con 45». «Teníamos una cartera en el bolsillo. Yo no digo que el PP nos la haya robado, pero ahora esa cartera está en el bolsillo de los populares». Destacó que «todo apunta» a la existencia de una «trama inmobiliaria de extraordinaria importancia», formada por personas que «han visto que sus objetivos no se podían conseguir» con el compromiso de Simancas de que «los especuladores no estuvieran en los despachos».
Guerra echa leña al fuego
El diputado socialista Alfonso Guerra trató de echar más leña al fuego. Según el ex vicepresidente del Gobierno, la situación creada en la Asamblea de Madrid responde a «un intento de suplantación del poder político designado por la voluntad de los ciudadanos desde los poderes económicos en connivencia con el poder político de la derecha», en referencia al Partido Popular.
Con todos estos argumentos, los servicios jurídicos del PSOE ultiman un escrito que será presentado presumiblemente hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.
La estrategia de la Ejecutiva socialista también pasa por aplicar el bisturí. José Luis Balbás, el líder de Renovadores por la Base -la corriente a la que pertenecían los dos diputados rebeldes- , se convirtió ayer en el tercer militante socialista expulsado del partido por la crisis más seria que ha tenido el PSOE en los últimos tres años.
La decisión la anunció José Blanco, que acusó a Balbás de ser «cómplice y conocer» la actuación de los dos diputados rebeldes. Para el secretario de Organización de la Ejecutiva socialista, es «indudable» que Balbás conocía y participó de la decisión de Tamayo y Sáez de no acudir a la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid. Además, Blanco aseguró que Balbás «no será el único que sea suspendido de militancia».
La decisión de expulsar al líder de Renovadores por la Base puede ahondar todavía más la crisis del PSOE. Varios dirigentes socialistas dudan de la oportunidad de la medida adoptada -sobre todo por las consecuencias que la misma podría tener en la Federación Socialista Madrileña- y hacen responsable de manera directa a Blanco, informa Europa Press.
