BARCELONA/MADRID. La propuesta de «minipisos» de Vivienda de Protección Oficial (VPO) avanzada por la ministra María Antonia Trujillo, levantó ayer una polvareda de declaraciones en contra desde la mayor parte de sectores de la sociedad española, lo que obligó una vez más a Trujillo a rectificar y matizar sus palabras del día anterior. La reacción social recordó ayer a la producida cuando la ministra dio por hecha la desaparición de la deducción fiscal por compra de vivienda, que obligó al vicepresidente Solbes a rectificarla.

Trujillo matizó ayer que se trata sólo de un estudio entre su departamento y el sector privado, al que el Ministerio destina un presupuesto de 120.000 euros. Frente a sus manifestaciones del lunes, respecto a incluir los «minipisos» en la tipología de VPO, reformando para ello la ley, ayer la ministra aseguró que la iniciativa, por ahora, no entrará en el Plan de Vivienda que el Gobierno última para su negociación con las Comunidades.

Numerosos Gobiernos regionales criticaron sin paliativos la idea de poner en el mercado viviendas de protección oficial de 25 ó 30 metros cuadrados, destacando en especial la postura de la Generalitat de Cataluña.«Nosotros no estamos en esa línea», indicó ayer la directora general de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, y recordó que «la superficie de la vivienda es un tema extremadamente sensible porque forma parte de lo que entendemos como vivienda digna». A su juicio, el debate real «no es si se necesitan pisos más pequeños. Esto sólo lo piden algunos promotores porque detrás de este debate hay los intereses de algunos empresarios del sector que saben que ofrecer un precio aparentemente más bajo en realidad les permite cobrar más por el metro cuadrado».

Para Trilla los pisos de 30 metros cuadrados recuerdan a una «tipología de construcción de épocas del franquismo», que «está dando muchos problemas para reconvertirla». «Una cosa es el reto retórico que puedan tener unos arquitectos en aprovechar al máximo el espacio, que me parece positivo, pero de ahí no se puede deducir en absoluto que éste pueda ser el paradigma».

También la Comunidad Valenciana expresó con contundencia su postura contraria a los «minipisos» y su conseller de Vivienda, Rafael Blasco, subrayó que la propuesta de Trujillo «quizá pueda ser asimilada en dos o tres ciudades españolas con gravísimos problemas de construcción de VPO, pero no es ni mucho menos la solución que debe presentarse para un país entero». Blasco dijo que es «un claro ejemplo del fracaso de la política de vivienda del Gobierno» y la falta de «programas coherentes en esta materia».

También fue censurada la idea lanzada por Trujillo desde distintos partidos políticos, destacando la rotundidad del PP, CiU e Izquierda Unida.

El portavoz de vivienda de PP, Pablo Matos, calificó la propuesta de minipisos como «peligrosísima» y recalcó que «supondría hacinar» a sus compradores en «viviendas de protección oficial que se hacía en la posguerra», al tiempo que recordó a la ministra que no se puede trasladar a España con carácter general una solución de Tokio o Finlandia». El PP pedirá la comparecencia de Trujillo en el Congreso.

Una de las voces más críticas fue la de CiU. El presidente de este grupo en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, coincidió con la responsable de Vivienda del Gobierno catalán al comparar la propuesta de Trujillo con las viviendas «que hacía Franco». «No esperaba que un Gobierno que se define como progresista propusiera alternativas tan indignas e inmorales como éstas», afirmó.

Desde Izquierda Unida se levantaron distintas voces que recordaron que la idea proviene de una solución en los países nórdicos no aplicable a España, según el portavoz de IU-IPC, Joan Herrera.

En el lado de los apoyos a la propuesta de la ministra, que también los hubo, destaca el de su propio partido, el PSOE, que matizó que los minipisos no se contemplarían como una solución para la venta, sino mayoritariamente para el alquiler. El Consejo de la Juventud, colectivo al que iría destinadas mayoritariamente este tipo de viviendas, se mostró dispuesto a aceptar la fórmula, pero condicionándola también a que se trate de viviendas «en alquiler y a un precio asequible». El presidente de la Confederación de Cooperativas, Alfonso Vázquez, también se mostró favorable a la idea. Por último,el Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja» calificó la iniciativa como «positiva y posible».