EDUARDO MANZANA Varias personas aguardan turno para comer en la Asociación Valenciana de la Caridad
Cuando los rigores de la crisis económica se hacen más patentes en todas las capas de la sociedad, los colectivos más frágiles y desfavorecidos de la Comunidad Valenciana han visto cómo las ayudas sociales que recibían del Gobierno central a través de diversas líneas de financiación estatales han diezmado en 2009 con respecto a las existentes el año pasado.
Discapacitados, personas de la tercera edad, familias, pobres e inmigrantes son los beneficiarios de planes como el Programa de Servicios Sociales, el Plan de Acción para las Personas Mayores o el Plan de Acción para los Discapacitados, entre otros. Con las modificaciones del Ejecutivo socialista, estos programas han desaparecido o han registrado reducciones en sus aportaciones de más de un 50%. De los 44,2 millones de euros que el Gobierno central destinó a la Comunidad en 2008, se ha pasado a los 11,2 millones previstos este año -lo que supone una reducción anual del 75%-.
El 9,88% del Programa de Servicios Sociales fue destinado a la Comunidad en 2008, lo que representó 19,5 millones de euros. Este año, suponiendo que se mantendrá la inversión en el 9,88% del total, se recibirán 9,8 millones de euros (lo que supone un recorte de 9,7 millones de euros).
Enel caso del Plan Estatal del Voluntariado, el año pasado el 9,95% de la dotación total se destinó a la Comunidad: 335.481 euros. En 2009, esa cantidad se reducirá a unos exiguos 29.850 euros. El 10,50% del presupuesto del Programa de Atención a la Infancia y Familia se invirtió en la región, lo que equivale a 6,6 millones de euros. Una cifra muy superior a los 1,4 millones que se recibirán este año si se extrapola el mismo porcentaje.
Programas retirados
Por último, se encuentran los planes y programas a los que el Ejecutivo socialista puso fin en 2008: se trata de los Programas con Fines de Interés Social, el Plan de Acción de Personas Mayores, el Programa de Desarrollo de la cooperación de la AGE y el Plan de Acción de Personas con Discapacidad. La suma total del dinero que recibió la Comunidad a través de estos programas el año pasado asciende a casi 20 millones de euros.
El severo recorte, o la plena desaparición, de las líneas estatales contrasta con la tendencia existente hacia su incremento en buena parte de las administraciones autonómicas y locales. En esta línea se enmarcan anuncios recientes como el millón de euros que el Ayuntamiento de Valencia aportará para comprar alimentos básicos y distribuirlos entre los comedores sociales, o los 46 millones de euros que la Conselleria de Bienestar Social destinará este año en ayudas para el desarrollo e implantación de servicios sociales gestionados por corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro.
«Trasvase» a Dependencia
Desde Bienestar Social se apuntó acerca de la «trampa» que explica este desplome de inversión en los planes estatales. Y es que, según recalcaron las fuentes consultadas, los 33 millones de euros que el Estado se «ahorra» en estos planes es una cantidad muy cercana a los 36 millones correspondientes a la Comunidad insertados en los 400 millones extraordinarios que anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el desarrollo de la Ley de la Dependencia.
«Se ha movido el dinero de unos departamentos a otros», aseguraron desde la Conselleria; una medida, insistieron, con la que el Ejecutivo socialista esgrimiría un «engañoso» esfuerzo económico adicional del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a favor de la Ley de Dependencia.
Una potenciación que, además, continúa siendo escasa a ojos de las once autonomías, varias de ellas socialistas, reunidas con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, el pasado 22 de diciembre. Y es que, pese a los 400 millones que se sumaron a última hora y la promesa de mantener las ayudas sociales, el Ministerio ha dejado en 2,3 euros al día la aportación para los nuevos dependientes. Esto supone que por cada plaza residencial de atención a los nuevos dependientes, el 70,9% será asumido por la Generalitat, el 25% por el usuario a través del copago y sólo el 4,1% por el Estado.
El Ministerio informó ayer de que un total de 25.737 residentes en las Comunidad son beneficiarias de la Ley de Dependencia en 2009. Del total, 22.028 personas han sido reconocidos como grandes dependientes, mientras que 3.709 como dependientes severos.
