EFE
ALBACETE. Una sentencia ha condenado a cinco personas, ex miembros del sindicato UGT; uno de ellos ex secretario regional de FETE-UTG, Joaquín Muñoz, y otra, ex miembro de la Ejecutiva provincial, Ascensión Palomares, a una pena de seis meses de prisión para cada uno por un delito de falsedad en documento oficial.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, los acusados son Ascensión Palomares, en el momento de la denuncia presidenta de la Asociación Pedagógica para la Renovación de la Escuela y perteneciente también al sindicato UGT. Además, Presentación Panadero, Conrado García Rubio y Yolanda Fernández, todos ellos, en la época de los hechos, liberados del sindicato.
No perder subvenciones
Según los hechos probados, los acusados Muñoz y Palomares simularon que dos cursos organizados por FETE-UGT, «Educación y atención a la diversidad» y «El absentismo escolar», se habían celebrado «con la finalidad de que las entidades que representaban no perdieran el derecho a las subvenciones aprobadas».
Subvenciones que se recibirían tras la firma de los convenios firmados con la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades.
Dichos cursos, según la sentencia, «nunca llegaron a celebrarse».
Añade el documento que Muñoz y Palomares simularon la celebración de los cursos con la intención también de «ofrecer a sus afiliados la posibilidad de disponer de certificaciones como responsables, coordinadores, ponentes o asistentes a cursos de formación permanente del profesorado».
Para ello solicitaron a los otros tres acusados que suplantaran todo el expediente o memoria académica que remitieron a la Delegación de Educación, incluyendo las fichas de registro de participantes, hojas de control de firmas de asistentes a las sesiones de los cursos o facturas de supuestos ponentes. También suplantaron las actas de evaluación final, «firmadas, con pleno conocimiento de su falsedad, por Joaquín Muñoz y por Ascensión Palomares».
La sentencia añade que la circunstancia de que, por error, se remitieran a la Dirección de Coordinación y Política Educativa los documentos originales y no fotocopia del expediente suplantado de uno de los cursos, permitió a la Guardia Civil realizar un estudio pericial caligráfico.
