Las 26 cámaras de televisión que graban y vigilan la Plaza Mayor seguirán siendo, de momento, una excepción en la ciudad. El Ayuntamiento madrileño «no contempla de forma inmediata» la extensión de este sistema, que tan buenos resultados ha dado en el lugar donde ahora funciona, pese a que diferentes asociaciones vecinales habían solicitado llevarlas a otras calles.
La iniciativa se planteó en una reciente reunión mantenida en la Delegación del Gobierno madrileña, entre los máximos responsables policiales y varias entidades vecinales. En ella, los vecinos mostraron su preocupación por lo que consideran situaciones enquistadas de inseguridad, y entre otras medidas, propusieron la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en calles como Montera, Alonso Martínez o la Corredera Baja de San Pablo.
Datos y realidades
Aunque en el encuentro les proporcionaron datos oficiales que apuntaban una disminución desde enero en casi un 6 por ciento de los delitos graves en Centro, los vecinos tienen una percepción distinta de la realidad. De ahí que varias organizaciones plantearan a la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, y al concejal de Seguridad, Pedro Calvo, la instalación de cámaras de seguridad en zonas conflictivas.
Toman como ejemplo y referencia la Plaza Mayor, donde en diciembre del año pasado se pusieron en funcionamiento 26 cámaras que vigilan a carteristas, vándalos y a vendedores ilegales. Una experiencia que desde el Ayuntamiento califican de «muy exitosa; es una medida que produce resultados».
De ahí el interés de los vecinos por extenderla. Pero, al menos de momento, no va a ser así: fuentes del Gobierno municipal explicaron a ABC que aunque las propuestas vecinales «han pasado a estudio», «en principio no se contempla de forma inmediata» extender la instalación de cámaras de seguridad a más lugares. Tal vez pese en ello la polémica que suelen despertar estas medidas, que no convencen a todo el mundo por lo que tienen de intromisión en la privacidad.
Los responsables locales dicen que esta es una medida que se plantea sólo para «zonas degradadas». Y recuerdan que, en el caso de decidirse por repetir la experiencia de la Plaza Mayor, «la última palabra la tiene la Delegación del Gobierno», que autoriza su instalación previo informe positivo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, un organismo que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Respeto a la intimidad
Antes de dar autorización, esta Comisión se cerciora de que la iniciativa no va a suponer menoscabo de ningún otro derecho ciudadano, ni va a poner en entredicho el respeto al derecho a la intimidad de los ciudadanos. En el caso de la Plaza Mayor, por ejemplo, la red de vigilancia cuenta con un dispositivo que vela automáticamente la imagen en caso de que los objetivos capten alguna del interior de los domicilios.
El Gobierno municipal cuenta ahora mismo con otras cámaras distribuidas por la ciudad: en el barrio de Las Letras, en el de Las Cortes, en la Puerta del Sol y próximamente en Embajadores. Pero en todos estos casos, advierten, «son sólo cámaras de control de tráfico, y no de seguridad».
Muchos vecinos, por su parte, creen que la existencia de cámaras actuaría como método de prevención ante la delincuencia. Un sistema similar al de la urbanización La Moraleja, de Alcobendas: 15 cámaras hacen la doble función de vigilar el tráfico y controlar la seguridad en varias de sus calles y en los puntos de acceso.
A pesar de los datos oficiales -un 6 por ciento de caída en los delitos más graves, un 4,4 por ciento menos en robos a domicilio, un 37 por ciento de descenso en robos a locales y un 17,8 por ciento menos hurtos, desde el pasado verano-, los vecinos siguen denunciando una realidad en ocasiones muy dura.
Delitos públicos
Es el caso del Movimiento Vecinal Maravillas-Malasaña, una asociación con una larga historia reivindicativa a sus espaldas -es una de las cofundadoras de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid-. Sus portavoces advierten de «actuaciones delictivas inexplicablemente públicas», la ocupación de espacios públicos para actividades marginales, y el «alto grado de violencia de los atracos».
Frente a ellos, advierten que no sirven las soluciones que únicamente «exportan a unas manzanas el problema socio-higiénico-sanitario».
CHEMA BARROSO
Un instalador coloca una de las cámaras de videovigilancia de la Plaza Mayor
