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El valor supremo de la vida

EL azar ha querido que la atenuación de la pena al criminal De Juana Chaos haya

Actualizado 12/03/2007 - 07:33:43
EL azar ha querido que la atenuación de la pena al criminal De Juana Chaos haya coincidido con la petición de Inmaculada Echevarría, una paciente aquejada de distrofia muscular que reclama la aplicación de la eutanasia. La evaluación de ambos casos nos depara conclusiones paradójicas que demuestran cómo los principios rectores del Derecho han sucumbido a la marea del relativismo. El criminal De Juana Chaos se declara en huelga de hambre reivindicativa y muestra su voluntad poco sincera de morir por inanición, mientras el Gobierno se resista a aliviar o abreviar su pena; para que su designio no se cumpla, primero se le alimenta mediante una sonda nasogástrica, esto es, mediante medios artificiales que el recluso rechaza con violencia, ante lo cual se opta por aplicarle una atenuación de la pena. Para justificar una decisión tan desquiciada, el presidente Zapatero invoca «el valor supremo de la vida», que el Estado debe proteger por encima de cualquier otro. Pero el presidente Zapatero olvida precisar que De Juana Chaos ha puesto en riesgo ese valor supremo para obtener fines ilícitos; olvida que De Juana ha comprometido su vida con el fin de conseguir que el Estado deje de ejercer o ejerza de distinta forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. La misión del Estado, en efecto, era proteger la vida del recluso, pero sólo hasta donde dicha protección no lo obligase a atender sus reivindicaciones.
Atendamos ahora al caso de Inmaculada Echevarría, quien quizá cuando estas líneas aparezcan publicadas haya muerto. El derecho a la vida constituye un presupuesto ontológico para la existencia de los demás derechos; por ello, merece una especial protección; se trata, en efecto, del valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, y el Estado tiene una obligación específica de contribuir a su mantenimiento. Las personas pueden tener libertad para decidir voluntariamente su propia muerte por un acto propio, pero en ningún caso para reclamar que les asistan en este trance, pues esto equivaldría a consagrar un aberrante «derecho a la muerte». Reconocer el «derecho a la muerte» significaría declarar la licitud de la renuncia a los derechos fundamentales y, más concretamente, al derecho fundamental a la vida, que es presupuesto de los demás. La autonomía personal del individuo no puede esgrimirse como fundamento de una renuncia a derechos fundamentales. Es regla general del Derecho que un principio jurídico no puede ejercerse para ser destruido o anulado. Así, por ejemplo, nadie puede ejercitar su libertad para abdicar de ella y convertirse voluntariamente en esclavo. Del mismo modo, nadie puede reclamar que le sea administrada la muerte, pues estaría utilizando su libertad para destruirla. Por lo demás, el Derecho nos enseña que el valor de la libertad no es absoluto; cuando colisiona con el valor de la vida, el Derecho siempre le otorga primacía a este último. Así, el Derecho permite que una persona ejerza la violencia (esto es, que reprima la libertad) de otra que se apresta a suicidarse; incluso admite que llegue a lesionarla sin incurrir en responsabilidad penal, pues considera que la defensa de la vida es más valiosa que la libertad del suicida.
Esgrimiendo también motivos humanitarios (pero ya sabemos que las invocaciones humanitarias son la coartada de quienes se disponen a conculcar el Derecho), con Inmaculada Echevarría se va a hacer exactamente lo contrario que con De Juana Chaos. A la hora de evaluar la situación del criminal, se ha considerado que su vida era más valiosa que su autonomía personal, esto es, su libertad para infligirse la muerte mediante huelga de hambre (libertad que, por lo demás, no requería ninguna colaboración). En cambio, para justificar la muerte de Inmaculada Echevarría (que, no lo olvidemos, exige auxilio o colaboración), se argumenta que debe respetarse la autonomía de la paciente. Tanto Inmaculada Echevarría como De Juana Chaos se hallan bajo custodia administrativa; pero el valor supremo de la vida deja de serlo, o se convierte en excusa para obtener fines ilícitos, según corresponda. Estamos asistiendo a la muerte del Derecho.
JUAN MANUEL
DE PRADA
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