El juez que instruye el llamado «caso Palma Arena», José Castro, dictó ayer una providencia en la que solicita a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que le remita las diligencias que ha llevado a cabo en los últimos meses en relación con el patrimonio del ex presidente del Ejecutivo autonómico, el popular Jaume Matas, y su cuñado, Fernando Areal.
En el «caso Palma Arena» la Fiscalía investiga las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, que tenía un presupuesto original de 47,7 millones de euros y que acabó costando 90,6 millones. El velódromo se inauguró en 2007, siendo presidente Matas.
Tras la decisión adoptada ayer por el juez Castro, parece cada vez más próxima la imputación de Matas en este caso, en el que se encuentran imputados, entre otros, el propio Areal, ex gerente del PP balear, quien ya declaró el pasado mes de agosto y negó que la campaña del PP en 2007 se hubiera financiado de forma irregular, hipótesis de la Fiscalía.
Tras tenerse conocimiento de la decisión del instructor, el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, el socialista Albert Moragues, dijo que el Gobierno balear tiene «una actitud respetuosa» en este caso y que no va a hablar de una investigación judicial.
Por su parte, el portavoz del PP balear, Carlos Simarro, señaló que el actual gobierno de centroizquierda, que preside Francesc Antich, ha tenido como «objetivo único» en estos dos últimos años involucrar a Matas «en algún proceso ilícito». Simarro expresó también su deseo de que la Justicia «camine de manera rápida» y reiteró que el PP considera la construcción del Palma Arena fue correcta.
