La Federación de Afectados de la Filatelia (FAF), que representa a 25.000 damnificados por la insolvencia de Fórum Filatélico y Afinsa, presentó ayer ante la Audiencia Nacional una demanda contra el Estado, al que reclama su responsabilidad patrimonial.
Antonio Corredoira, portavoz de la FAF, aseguró que «se presenta la demanda por la falta de control del sector de los bienes tangibles en los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero». «Responsabilidad patrimonial que ha sido reconocida por el Defensor del Pueblo y por antiguos dirigentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores», confirmó Corredoira. La Federación pide que la Audiencia Nacional juzgue la actuación del Estado durante estos últimos treinta años. Al igual que han hecho hasta ahora con los ex directivos de las empresas.
La Federación reclama 400 millones de euros, pero el Estado tendrá que responder por el desfase patrimonial, que entre Fórum y Afinsa alcanza los 6.000 millones de euros. «A la larga esto al Estado le saldrá más caro», aseguró Corredoira.
Vía Contencioso-Administrativa
El escándalo de la estafa filatélica ha dado lugar ya a cuatro procedimientos judiciales, dos ante la jurisdicción Penal y otros dos en la Mercantil; además, existe la posibilidad de que se abran dos nuevos procesos, en lo Contencioso-Administrativo, para analizar la posible responsabilidad civil del Estado. Esta última es la única vía que les queda a los afectados para poder recuperar sus inversiones.
La tramitación de estas demandas «podría tardar entre seis y ocho años» y, como lo más lógico es que se agoten todos los recursos, seguramente será el Tribunal Supremo el que resuelva finalmente», indicó Manuel Vilches, abogado de 6.000 afectados. Además, aclaró que la Administración «recurre siempre» y destacó que una vez haya sentencia firme «la ejecución también podría tardar varios años».
El caso afecta a 460.000 inversores y, en la lado contrario, a más de una veintena de imputados; el agujero patrimonial supera los 4.600 millones de euros. Además, existen ramificaciones que lo vinculan al caso «Ballena blanca» y a procesos judiciales en EE.UU.
Perjudicados sin responder
Medio centenar de afectados se concentraron ayer ante la Audiencia Nacional, donde expresaron su protesta por la ausencia de respuestas en los últimos años. Con el ruido de los silbatos de fondo, los perjudicados profirieron gritos como: «No saben gobernar y tienen que robar», «Zapatero ladrón y embustero» o «Hacienda culpable, Gobierno responsable».
Entre los afectados se encontraban la representante de la Asociación de Clientes Afinsa Portugal (ACAP), Carmelina Pinto, y jubilados que invirtieron sus ahorros de toda una vida y su prejubilación en ambas empresas. Carmen Yagüe, de 78 años, va todos los martes a la sede socialista de la calle Ferraz para pedir una solución. Yagüe manifiesta que su hijo tiene que ayudarla entregándole dinero todos los meses para poder comer. Otro matrimonio afectado asegura que «no somos avariciosos, ni especuladores». Los damnificados apuntan que han sufrido porque les han robado su dinero y, además, les han acusado de haber estafado al Estado.
También en Sevilla, Málaga o Valladolid, los afectados de la Plataforma Adicae reclamaron la creación de un marco de garantías al ahorro de inversión en España.
