Cada una de las 24 locomotoras del AVE costó 2.142 millones de pesetas. ABC
Una comisión judicial encabezada por la titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Teresa Chacón, tiene previsto viajar el próximo martes, día 15, a París, para interrogar al miembro de Alstom Bernard Lebrun. La juez pretende aclarar por qué esta multinacional, adjudicataria en 1989 de un contrato de 51.408 millones de pesetas para la fabricación de 24 locomotoras de alta velocidad, ingresó en cuentas bancarias de Luis Oliveró cerca de 480 millones de pesetas entre junio y julio de 1990, según consta en la documentación judicial, e investigar si parte de ese dinero pudo servir para financiar irregularmente al PSOE.
Con anterioridad, en marzo de 1998, la juez, la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez y varios abogados defensores y acusadores ya se desplazaron hasta Alemania para interrogar a personal de Siemens AG.
Según la documentación que figura en la investigación, el 12 de julio de 1990 Alstom abonó 5.400.000 francos franceses (unos 135 millones de pesetas) en una de las cuentas suizas correspondientes a la sociedad Anstalt Salimas, cuyo titular era el ex directivo de Filesa Luis Oliveró.
PROYECTO EN PESETAS Y FRANCOS
Un año y medio antes, el 23 de diciembre de 1988, el Consejo de administración de Renfe había aprobado la adjudicación para la fabricación y suministro de los 24 trenes a la oferta realizada por Alstom, Ateinsa y MTM, con un precio de 2.142 millones de pesetas por cada máquina, es decir, un total de 51.408 millones de pesetas. Para ejecutar el proyecto, su gasto se dividió en dos partes: una española de 35.113 millones de pesetas y otra gala, de 879,3 millones de francos.
La transferencia de los 5.400.000 francos corresponde al concepto «Gec Alstom París, comisión de 9-7-90 según carta de 8-3-90 de Foxglove Ltd. de Jersey». Esta otra sociedad estaba representada por Juan Piña, empresario vinculado al PSOE y conocido de Oliveró. Por un acuerdo de febrero de 1988, Gec Alstom se comprometió a satisfacer a Foxglove una comisión del 3 por ciento del precio de la parte francesa, es decir, de los 879 millones de francos. La cifra resultante fue de 26 millones de francos.
El pago de este dinero se dividió a su vez en dos mitades de 13 millones, correspondiente al 1,5 por ciento del precio de contrato de las locomotoras. Un primer pago de 13 millones de francos se hizo en favor de Foxglove; y el segundo también se dividió en dos partes: los 5.400.000 francos abonados en la cuenta de Oliveró y otros 7.790.083 francos, que revirtieron de nuevo en Foxglove.
Los peritos del «caso AVE» que han examinado los movimientos de las cuentas de Oliveró llegaron a la conclusión, en un informe adelantado por ABC el pasado 13 de junio, de que los 5.400.000 francos suponen el 3 por ciento de 180 millones de francos, cifra correspondiente al importe de la «parte francesa» de 7 de las 24 locomotoras.
Además, por otro acuerdo de 20 de octubre de 1988, Gec Alstom y Anstalt Salimas, representada en este caso por el fiduciario suizo Robert Simon, se comprometieron a que la sociedad de Oliveró recibiría otras 351.139.750 pesetas por parte de la entidad «Masquin Finance and Trade», perteneciente al grupo Alstom. La transferencia se realizó el 20 de junio de 1990.
«La relación con el contrato de adquisición de las locomotoras TAV -decían los expertos en su informe- es evidente toda vez que las 351.139.750 pesetas son exactamente el 1 por ciento del precio en pesetas de la parte española», que fue de 35.113 millones de pesetas.
