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El Ayuntamiento de Alcoy pagará 85.000 ¤ a Calatrava por un puente que no se construyó

Actualizado 08/10/2003 - 00:38:53
VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Alcoy a indemnizar con 85.545,74 euros al arquitecto Santiago Calatrava, por la resolución injustificada del contrato formalizado el 20 de marzo de 1995 para la construcción de un puente en la citada ciudad alicantina, un proyecto con un presupuesto estimativo de tres mil millones de las antiguas pesetas (según la sentencia), que fue suspendido de forma unilateral por la máxima autoridad municipal.
La Sección Tercera de lo Contenciosos-Administrativo admite parcialmente el recurso presentado por Calatrava, que reclamaba 288.485,81 euros (48 millones de pesetas), por la totalidad de los honorarios correspondientes a las fases entregadas o terminadas pendientes de entrega, así como un 20 por ciento de los honorarios de las fases pendientes.
Los magistrados fijan en 85.545,74 euros la indemnizaciónque deberá cobrar el arquitecto porla redacción y dirección de obras del puente que no se llegó a construir en Alcoy, cantidad que deberá abonar el Consistorio, sin expresa condena en costas.
Tras encargar el citado proyecto, el alcalde de Alcoy dirigió una carta a Santiago Calatrava el 31 de mayo de 1995 en la que indicaba que «dado el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo», que produjeron «un cambio sustancial en el gobierno de la Generalitat Valenciana», entendía que «se abre un compás de espera para perfilar la financiación del puente que proyectas para esta ciudad», lo que,por una «elemental prudencia, aconseja la suspensión de momento en la continuación de los trabajos de redacción del proyecto». De este modo, se paralizaba de forma provisional la fase de anteproyecto, una decisión que el alcalde consideraba «justificada por causas no computables al Ayuntamiento».
El Consistorio alegó que el contrato era «manifiestamente ilegal», ya que fue redactado por la propia empresa, «sin expediente previo y sin licitación de ningún tipo». Sin embargo, el expediente administrativo abierto a raíz del mismo revela que el contrato firmado por el alcalde de Alcoy respondía a un acuerdo plenario municipal.
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