Pilar Giménez-Reyna. ABC
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer en la Audiencia Nacional un amplio escrito de petición de diligencias para investigar la presunta estafa a clientes de la agencia de valores Gescartera, inicialmente estimada en 18.000 millones de pesetas.
El fiscal quiere oír las explicaciones de dos hermanos del ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, sobre sus relaciones con sociedades o entidades que confiaron capitales a Gescartera.
Por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional ya ha pasado, como imputada, Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera, que está citada de nuevo para el próximo jueves. Francisco y José Giménez-Reyna deberían comparecer, según el Ministerio Público, en calidad de testigos. El primero, para aclarar si, desde su puesto de administrador de Equipos Nucleares S. A., filial de la Sepi, ha tenido algo que ver con las inversiones realizadas en Gescartera Dinero por otras sociedades con participación estatal. El segundo, para explicar si intervino de alguna manera en el hecho de que la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil entregara 450 millones de pesetas a la agencia de valores de Antonio Camacho. El coronel José Giménez-Reyna está destinado en la Subdirección General de Personal de la Benemérita a las órdenes del general Antonio Blanes, presidente de la citada Asociación.
EL PAPEL DE LA ONCE
Las declaraciones de los Giménez-Reyna no son las únicas que centran el interés del Ministerio Público. El fiscal anticorrupción también quiere interrogar como testigo al presidente de la ONCE, José María Arroyo, en torno a la participación de la Fundación ONCE en el accionariado de Gescartera y la actuación de dos representantes de la organización de ciegos vinculados a la agencia de valores, José Manuel Pichel y Rafael de Lorenzo.
Además, el fiscal ha puesto la lupa sobre la conducta que ha tenido la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la sociedad gestora de carteras de Camacho, cuya conversión en agencia de valores fue autorizada en julio de 2000 por el órgano supervisor pese a la existencia de numerosas alertas sobre su funcionamiento.
A este respecto, la Anticorrupción propone que testifique el ex consejero de la CNMV José Manuel Barberán, el ex secretario del Consejo Antonio Jesús Alonso Ureba y otros dos altos funcionarios del organismo: el actual director general de Supervisión, Antonio Botella Dorta, y el director general de Entidades, Juan Carlos Basallote Ureba.
Basallote es primo de Alonso e intervino en el proceso de transformación de Gescartera en agencia de valores. Según Adicae (asociación de usuarios que representa a ochocientos afectados por la presunta estafa), un hermano de Antonio Alonso ha sido abogado de Gescartera. Botella, por su parte, ha actuado en los expedientes abiertos por la Comisión a la sociedad de Camacho.
La Fiscalía solicita, finalmente, la citación de numerosas víctimas de Camacho, entre ellos representantes de instituciones eclesiásticas y de la Mutualidad de la Policía.
