Algunos de los propietarios afectados por la expropiación se concentraron ayer para impedir que las máquinas empezaran a trabajas. Posteriormente se concentraron frente a la puerta del Ayuntamiento. J. S. M.
La Guardia Civil volvió ayer a paralizar los trabajos de la R-5 a su paso por Navalcarnero debido a que la empresa adjudicataria, Accesos de Madrid S.A, carecía de los permisos pertinentes del juzgado de lo contencioso-administrativo y el delegado del Gobierno en Madrid.
La concesionaria tenía previsto comenzar las obras en la mañana de ayer, sin embargo, los propietarios, que se oponen a este extremo al considerar que no se han cumplido los requisitos sustanciales del procedimiento expropiatorio, se concentraron en los terrenos para impedir la puesta en marcha de los trabajos.
El conjunto de los afectados por el trazado de la R-5 considera desmedida la anchura del terreno que pretende expropiar la empresa constructora -entre 180 y 200 metros- ya que en su opinión «75 metros bastan para construir una autopista de las características definidas en el proyecto».
PROBLEMA DE PESETAS
«Lo que pretende ahora la concesionaria es adquirir a bajo precio lo que a la vuelta de unos años puede ser un suelo muy caro. Es simplemente un problema de pesetas, sin duda legítimo, pero que la ley no permite», explicó a ABC el abogado de los propietarios, Fausto Sánchez, quien precisó que «si se ha adjudicado una autopista de dos carriles por calzada tiene que expropiar para dos carriles y si en el futuro le hacen falta ocho que los justifique».
La cantidad que ofrece la empresa por metro cuadrado de suelo expropiado es otro de los problemas que plantean los titulares de las parcelas afectadas. Así, mientras que para la construcción de la M-600 la Comunidad de Madrid ha ofrecido 500 pesetas, la concesionaria de esta autopista pretende pagar 325 pesetas por metro cuadrado.
«Hace diez años se pagó por terrenos de las mismas características que éstos entre 450 y 530 pesetas», añadió Fausto Sánchez.
SIN INFORMACIÓN PÚBLICA
Según el abogado de los afectados, otra de las irregularidades en las que incurre la empresa concesionaria es que no ha practicado la preceptiva información pública antes de iniciar el proceso de expropiación. «La concesionaria pretende que la información realizada para el Estudio Informativo sustituya a la que determina la Ley de Expropiación Forzosa», manifestó.
«Además de todo ello, consideramos que el acta previa a la ocupación del terreno es un documento radicalmente nulo, ya que no está firmada por el alcalde de la localidad, Baltasar Santos», añadió el abogado, quien reconoció que el inicio de las obras de la R-5 podría retrasarse aún varios meses si la empresa concesionaria no cumple con los trámites necesarios.
CARTA AL MINISTRO
«La concesionaria pretende seguir el excepcional procedimiento de urgencia, cuando ha tenido tiempo sobrado para tramitar el procedimiento ordinario. Hace un año que se inició el expediente expropiatorio y, en los doce meses transcurridos, han sobrado más de seis para formalizar la pieza del justiprecio, para que el Jurado resuelva y para que la concesionaria pague».
Por el momento, los afectados ya se han puesto en contacto tanto con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, con el fin de darle a conocer su versión acerca de la situación creada en los últimos meses en este tramo del viario.
«Hasta el momento y mientras no exista autorización judicial la empresa constructora no podrá iniciar los trabajos», señaló Fausto Sánchez, quien recordó que ya en el mes de diciembre la Guardia Civil impidió el comienzo de los trabajos.
La construcción de la R-5 debía haberse iniciado en marzo del pasado año, estando prevista su finalización antes de diciembre del presente.
