CANARIAS. El frágil consenso de las fuerzas políticas sobre las Directrices se encuentra roto, por el giro prohibicionista que el Gobierno ha dado, a última hora, al proyecto de Ley. A cuatro días de su debate definitivo, en el último pleno de la V Legislatura, las seis disposiciones adicionales y cinco transitorias introducidas por el Ejecutivo en su última revisión del texto, han alertado al Partido Popular sobre el hecho de que, además de una «moratoria», las Directrices impondrán un «régimen de confiscación» de la propiedad privada en las Islas. El Partido Socialista no parece haber advertido esta intencionalidad, o si lo ha hecho, está de acuerdo y dará su respaldo al proyecto de Ley en el pleno extraordinario del próximo viernes.
El Ejecutivo presidido por Román Rodríguez ha devuelto al Parlamento, después de exponerlo al Consejo Consultivo, un proyecto de Directrices mucho más intervencionista. Las medidas confiscatorias y expropiatorias que han sido añadidas afectarán a un patrimonio inmobiliario no cuantificado. José Manuel Soria, presidente del PP, dijo que «el patrimonio de miles de familias canarias estará expuesto a actuaciones confiscatorias y administrativas arbitrarias, si se aprueba esta versión de las Directrices, que nada tiene que ver con lo que hemos discutido las fuerzas políticas, en busca del consenso».
El proyecto de Directrices enviado al Parlamento para su debate definitivo pone bajo sospecha al propietario de suelo, al titular de derechos urbanísticos y a la actividad turística en sí.
Los establecimientos de este sector estarán obligados a exhibir una placa de matriculación y estarán sujetos a un registro administrativo. En él, se anotarán todas las resoluciones sobre la propiedad adoptadas a discreción del regulador, antes incluso de notificárselas al interesado. Cuando se apruebe esta Ley, la policía urbanística dará un plazo de tres meses a los titulares de derechos urbanísticos (suelos calificados como urbanizables o aptos para urbanizar, autorizaciones previas, licencias,...) para que acrediten el «cumplimiento de los deberes urbanísticos». En el caso de que no cooperen, perderán esos derechos.
El proyecto gubernativo de Directrices decreta la degradación de suelo urbanizable a suelo rústico para todo terreno que no cuente con un Plan Parcial de edificación. También perderán su clasificación los solares urbanizables que estén rodeados de suelo rústico, aislados, o sin lindar directamente con suelo clasificado como urbano. El comisariado urbanístico informará de todas las incidencias y elevará al Gobierno, a discreción, partes de reclasificación y confiscación de derechos.
La Disposición Adicional Sexta ataca la vigencia de la las autorizaciones previas de edificación. Ninguna podrá considerarse consolidada, una vez se apruebe esta ley. Así, «se declara extinguida la eficacia de aquellas autorizaciones previas otorgadas para establecimientos alojativos (...) cuando no se haya otorgado licencia urbanística».
Inseguridad jurídica
Se extinguirán, además, todas las licencias de urbanización y edificación que la Administración considere «incursas en situación de caducidad». Para éstas, ni siquiera será preciso que el Gobierno declare expresamente la extinción del derecho, con lo que ello supone de inseguridad jurídica para promotores y propietarios.
La Administración podrá, graciosamente, prorrogar la vigencia de licencias cuando lo soliciten sus titulares, a condición de que estos se comprometan a elevar la categoría de la edificación y a reducir su número de plazas, con el consecuente incremento de costes para el inversor.
La suspensión de nuevas autorizaciones previas y licencias de urbanización y edificación afectará a las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El llamado «crecimiento cero» de la oferta, sin embargo, no será tal. La Disposición Transitoria Segunda reserva para el Parlamento la discrecionalidad de autorizar proyectos declarados de «interés general».
