A pesar de las apariencias, no vivimos en un país con una lengua oficial y otras tres o cuatro cooficiales, sino en la Unión Europea, con sus veintitrés idiomas oficiales a la puerta de casa.
Habrán notado que cuando las directivas de la UE tienen consecuencias incómodas, a nuestros gobernantes les basta con apostillar: lo manda Bruselas. Y chitón. Pues bien, si hay una política europea que ha cobrado un interés creciente con las décadas y las ampliaciones es la promoción del aprendizaje de idiomas. El multilingüismo se estimula por necesidades prácticas de comunicación, para facilitar la movilidad de los ciudadanos, el crecimiento económico y la integración. Pero no menos por cuestiones de principio. Forma parte de la filosofía de la UE el considerar que el multilingüismo tiene un significado político: es la medida de su transparencia y legitimación, ya que se considera imprescindible tanto para hacer llegar sus decisiones a los ciudadanos como para que un pescador maltés pueda dirigir una petición a los organismos europeos en su idioma.
Legitimar un proyecto político es una tarea excesiva para una lengua, incluso para veintitrés, a menos que se les atribuyan poderes curativos y se aspire a que ensalmos multilingües restañen el déficit democrático de la UE. Pero probablemente no seríamos europeos si no concediéramos a las lenguas, a la palabra, esa importancia, mágica o racional, que se puede rastrear desde la Grecia clásica, la cultura del logos por excelencia, hasta el psicoanálisis.
Resulta difícil pensar en otra política que suscite un mayor consenso nacional, ideológico o partidista en toda la UE, lo cual hace más desalentador que haya calado tan poco en España. En Europa una media del 50% de los ciudadanos conoce otra lengua, según afirmó recientemente el comisario europeo de Multilingüismo, Leonard Orban, a su paso por nuestro país. Más de un español sabe lo que se siente al preguntar por una dirección a un holandés o un danés que ofrece el inglés, el francés o el alemán como alternativa al lenguaje gestual, y tener que enmudecer impotente por miedo a que un yes, un oui o un ja -hasta ahí, más o menos, llegamos- desencadene una respuesta cabalística.
El 65% de los españoles no habla ningún idioma y sólo el 22% afirma conocer el inglés, según un estudio del CIS de 2007. Mayores son aún el desconocimiento del francés (77%), el italiano (91%), el portugués (94%) o el alemán (95%). Esta ignorancia no representa sólo una desventaja competitiva grave, es además un lamentable empobrecimiento cultural. El aislamiento histórico de España, la tranquilidad de hablar una gran lengua con la que somos entendidos en medio mundo, la cultura del doblaje, ayudan a explicar nuestra lejanía de Europa, pero no la justifican. Tomando como referencia el mejor de los casos, nos queda la mitad del camino para ponernos sólo a la altura de nuestros vecinos europeos. Partíamos de una situación pésima: los idiomas apenas se impartían en la escuela hace 30 años. Ahora hemos conseguido que se enseñen, sólo nos falta que se aprendan.
Hace seis años Bruselas puso como objetivo el dominio de dos lenguas además de la materna. Los ministros de Educación de la UE se reúnen este mes para discutir sobre multilingüismo y tienen sobre la mesa una nueva meta: que los ciudadanos adopten como materna una segunda lengua para que lleguen a manejarla con idéntica destreza. Cuando nosotros no hemos llegado aún al aprendizaje de los idiomas, en Europa se habla de adoptarlos. No tiene valor estadístico, pero entre los amigos de mi hijo que llevan nueve años -¡nueve años!- estudiando inglés en el colegio, sólo pueden mantener algo parecido a una conversación los que toman clases particulares. Esto tiene un solo nombre: fracaso. Ya es hora de que los ciudadanos sepan que la política lingüística de un país no se reduce a forcejear para colar en el Congreso un discursito en la lengua propia. La política lingüística que necesitamos es la que nos saque de estas estrechas fronteras geográficas y mentales. Y, por cierto, lo manda Bruselas.
