La Cámara regional, en Santa Cruz de Tenerife, deberá restituir tres inmuebles a sus antiguos propietarios
TEXTO: BERNARDO SAGASTUME
TENERIFE. Las corbatas de seda italiana, los trajes cortados con precisión quirúrgica y los vistosos gemelos en los puños de la camisa no parecen constituir la vestimenta habitual de quienes forman ese movimiento urbano que se dedica a invadir y luego habitar casas abandonadas, los «okupas». Sin embargo, personas de sobrio y elegante vestir, los diputados canarios, han hecho desde 1992, año de su expropiación, ocupación ilegal... del Parlamento de Canarias.
Según lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la Cámara regional deberá restituir tres inmuebles -que se han integrado como parte de la sede parlamentaria santacrucera- a sus antiguos dueños. Y, además, indemnizarlos por los daños que se les ha causado desde que les fueron quitados, por obra de la Ley Canaria 2/1992, que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en marzo de este año.
La norma había sido desarrollada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional y aprobada unánimemente por el Parlamento en junio de 1992, durante la presidencia regional de Jerónimo Saavedra (PSOE), quien ahora reconoció públicamente que, a pesar de que firmó la ley, sabía que no se estaban haciendo bien las cosas: «Era inconstitucional, porque la Constitución no permite expropiaciones forzosas sin indemnización y eso es el abc de cualquier estudiante de Derecho», dijo a un diario local.
La sede parlamentaria, ubicada en la manzana que delimitan las calles Teobaldo Power, del Castillo, Pérez Galdós y Juan Padrón, tiene su salón de Plenos en el edificio que alguna vez albergó a la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, con su aspecto de templo clásico y un frontis triangular con decoración vegetal y motivos heráldicos. En 1992, la necesidad de ampliar las instalaciones llevó a que por esta ley se declarase la utilidad pública de algunas de las propiedades colindantes.
Biblioteca y sala de Cabildos
Al poco tiempo, se emprendieron obras de excavación en el suelo y remodelaciones para albergar dependencias como la biblioteca y la sala de Cabildos. También se construyeron sobre ella varias plantas, donde hoy tienen sus despachos los grupos parlamentarios. Todas estas modificaciones han hecho que el estado actual, en consecuencia, diste mucho del que se observaba al momento de la expropiación. Por eso, el Gobierno regional sostiene que «no se puede devolver algo que ya no existe» y confía en poder llegar a un acuerdo con los dueños, por lo que ya anunció que «la actividad de la Cámara está a salvo».
No parecen tan seguros de ello los propietarios de los tres inmuebles, que ya han manifestado que, si la oferta del Gobierno es de «sólo siete millones de euros», sentarse a conversar sería «una pérdida de tiempo». La voz oficial que contestó fue la del consejero de Economía, José Carlos Mauricio, quien eludió todo paralelismo entre las dos ciudades. Sin embargo, dijo que no debería confundirse la santacrucera calle del Castillo con «la Quinta Avenida de Nueva York» a la hora de valorar las propiedades. Las declaraciones no sentaron muy bien a los propietarios, ni a Gabriel Mato, presidente actual de la Cámara, que pocos días antes se había sentado a la mesa con ellos y les había pedido disculpas en nombre del Parlamento.
En manos de quienes lleven a cabo las negociaciones queda ahora el futuro de unas instalaciones que, de tener un final feliz, podrán seguir siendo el escenario del diario trabajo de los diputados canarios, ya por justo derecho y no fruto de esta singular ocupación ilegal.
