El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamó ayer al Gobierno que acometa con urgencia «reformas ambiciosas» en todos los frentes de la actuación presupuestaria, así como medidas estructurales y laborales destinadas a la reducción del paro, porque hemos alcanzado un liderazgo que ya «no es manejable».
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso señaló que el margen de actuación expansiva de la política presupuestaria «se ha agotado por completo». El déficit se situará a finales de este año «en un nivel sin precedentes en nuestra historia reciente, alrededor del 10% del PIB». Pero añadió que si el déficit se mide con arreglo a los gastos y a los ingresos, observaremos que gastamos 180.000 millones por cada 120.000 que ingresamos. Es decir, «nos estamos gastando un 50% más de lo que ingresamos». El gobernador precisó que «eso no hay familia ni empresa que pueda mantenerlo mucho tiempo».
Insistió en que es fundamental la reforma de las instituciones laborales para reducir el paro, porque la situación ha llegado a tal punto «que ya no es un problema presupuestario de ver qué gastos recorto o qué impuestos subo, porque eso tiene unas limitaciones enormes». Añadió que cuando se ha llegado a un gasto de 30.000 millones para pagar el desempleo, suprimir el Ministerio de Exteriores y el de Justicia supondría disponer sólo de 4.000 millones, y con eso «no tenemos para nada». Por tanto, afirmó que o se realizan reformas estructurales que reduzcan el desempleo o la situación se vuelve «enormemente complicada». El gobernador del Banco de España se puso en lo peor respecto a que se mantenga el paro actual durante tres años y haya que destinar cada ejercicio esos 30.000 millones a las subvenciones por desempleo. En ese sentido, dijo que el paro se llevaría prácticamente «los ingresos de todo un año».
En definitiva, Fernández Ordóñez sentenció que sin una reducción siginificativa del desempleo será muy difícil revertir la trayectoria del gasto público y asegurar una recuperación sostenida de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública. Añadió que el deterioro del empleo y el aumento del paro constituyen el problema de mayor gravedad al que se enfrenta la economía española y el que más dificulta la recuperación y la consolidación fiscal. Por tanto, resulta «ineludible» que se acometan con prontitud reformas de las instituciones laborales y de la negociación colectiva, así como innovaciones en las modalidades de contratación para acercar nuestras tasas de paro a las del resto de países más desarrollados.
En ese aspecto mencionó tasas de paro del 2 al 4% cuando esas naciones están en el mejor momento económico y del 9 ó 10% cuando están en el peor, mientras que en España cuando la situación era inmejorable y el crecimiento mundial extraordinario estábamos en el 8%, «que es un máximo al que no llegan ni Austria ni Dinamarca».
Respecto a la subida de impuestos, Fernández Ordóñez señaló que es importante asegurar que los incrementos de la recaudación se destinen a la reducción del déficit público y no a financiar posibles deslizamientos del gasto. Se mostró favorable a la subida del IVA porque es el impuesto «menos distorsionador» y además dijo que retrasar el incremento hasta que llegue la recuperación «también tiene sentido».
Pero dejó muy claro que quienes van a asumir la mayor parte de la subida de los impuestos son las clases medias, que son «las que más declaran» y «las que pagan», no las rentas más altas, como apuntaba el Gobierno.
Asimismo, rechazó el establecimiento de un tipo doble -del 19% y del 21%- para gravar las rentas de capital, porque acarrea problemas de gestión. En su opinión, Hacienda debe simplificar su labor, establecer un tipo único y dedicarse a perseguir a los que no pagan.
