SI el padre de Bibiana Aído fuese diputado en Cortes, o incluso parlamentario autonómico, habría tenido que sufrir la congelación de su sueldo, pero como sólo es un enchufado de la Diputación de Cádiz -los enchufados de toda la vida se llaman ahora asesores- se lo ha podido aumentar en unos tres mil euros. El bloqueo de las nóminas de los altos cargos es una medida razonable de solidaridad con los ciudadanos que sufren la crisis, aunque se trate de un mero gesto simbólico; la política necesita de ciertos simbolismos de ejemplaridad. Pero la austeridad no es un maquillaje táctico ni un detalle coyuntural: es, o ha de ser, un principio que parte de la convicción moral de no malgastar el dinero de los contribuyentes, y requiere una aplicación universal en todos los estamentos de la Administración pública. La austeridad no es un ejercicio oportunista, ni siquiera un método de gestión; es una categoría política inseparable del concepto de honestidad democrática.
No puede hablar de austeridad un Gobierno que aumenta un 15 por ciento su nómina de altos cargos, ni un presidente que tiene más de 600 «asesores» de confianza. No existe austeridad posible en instituciones que derrochan cientos de millones en gastos superfluos o directamente suntuarios. La austeridad está reñida con el dispendio oficial en propaganda, publicaciones, viajes, comidas y transportes en vehículo oficial. Y con el incremento de organismos, empresas, consejos, televisiones regionales y locales y demás entes administrativos que proliferan en ministerios, autonomías, ayuntamientos y diputaciones. Y con la multiplicación geométrica del personal contratado discrecionalmente en cientos de departamentos sin otro mérito que el de la proximidad con el poder o el parentesco de sangre o de ideología.
La austeridad es la racionalización del gasto para atender las necesidades ciudadanas. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando se suben el salario los asesores de una Diputación mientras falta presupuesto para arreglar escuelas en los pueblos de esa provincia. O cuando se cubre el déficit de un canal autonómico mientras se regatea en la construcción de un centro de salud. O cuando se cambian los uniformes femeninos del Ejército mientras la Policía se queja de falta de munición para sus armas de reglamento. O cuando se reforman y amplían los palacios de gobierno mientras languidece la construcción de vivienda protegida. O cuando se utilizan aviones y helicópteros para los desplazamientos oficiales mientras se cierran líneas férreas y se escatiman fondos para la red de carreteras. La austeridad es una actitud de conciencia, que obliga al dirigente político a preguntarse por qué dispone de privilegios que los contribuyentes no sólo no tienen, sino que financian con sus impuestos. La austeridad, en fin, es un concepto ético que parte de la idea de que la política no es un bien de consumo ni disfrute, ni siquiera una profesión, sino una actividad temporal de servicio público que se prostituye al convertirse en el gueto de una casta blindada por su propio sindicato de intereses.
