La iniciativa de Esperanza Aguirre de bajar el sueldo un 2% no ha calado en ninguno de los siete grandes ayuntamientos socialistas de la región. Alguno, incluso, ha aumentado los privilegios salariales de sus funcionarios, aunque la mayoría tiene los sueldos congelados desde principios de legislatura, por lo que no se plantean llevar a cabo ninguna reducción como la propuesta por el Ejecutivo regional.
Es el caso del Ayuntamiento de Parla, donde según indican fuentes del PSOE, los sueldos están congelados desde la época en la que gobernaba el hoy secretario general del PSM, Tomás Gómez, y «no se ha realizado ninguna subida desde 2005». Es más, añaden, «este es el Consistorio con uno de los sueldos más bajos de todos los municipios que tienen más de 50.000 habitantes de la región».
En el municipio vecino de Pinto, al comienzo de esta legislatura, tanto el PP, aquí en la oposición, como el PSOE y el polémico edil de Juntos por Pinto (JpP), Reyes Maestre -cuyo voto propició la moción de censura-, optaron por una bajada de sueldo del 10%. No fue el caso del otro miembro del tripartito pinteño, el edil de IU, Carlos Penit.
Éste no sólo se negó a bajarse el sueldo, sino que contestó a un edil del PP, que le pedía solidaridad con el resto de los 20 concejales de la Corporación que sí lo hicieron -tal y como recoge el acta del Pleno del 25 de septiembre de 2008-, que «ni se le pase a usted por la cabeza que le voy a hacer caso».
Reducción de altos cargos
En Getafe, donde gobierna Pedro Castro, también tienen los sueldos congelados desde este año, y han reducido desde entonces hasta 10 cargos de confianza pero, según fuentes municipales, se muestran «a favor de la medida propuesta por el Ejecutivo regional», de la que tendrían que discutir la cantidad a rebajar.
Eso sí, piden que se recuerde que parten de una situación distinta que la del gobierno de Aguirre, quien, dicen, «se subió el sueldo a principios de año». Además, añaden que «medidas como esta no crean empleos; no como el proyecto del parque empresarial La Carpetania».
En el municipio aledaño de Leganés, bajo el mando del socialista Rafael Gómez Montoya, tampoco se suman a la propuesta de Aguirre, porque los sueldos también están congelados desde principios de legislatura. Lo mismo ocurre en Alcorcón donde, con el regidor socialista Enrique Cascallana, la situación es la siguiente: salarios congelados desde diciembre, y una recentísima reestructuración de gobierno.
Así, la propuesta de la líder regional no sólo no ha sido secundada por los municipios socialistas sino que algunos, incluso han aumentado ciertos privilegios que tenían algunos miembros del Consistorio. Es el caso de Fuenlabrada, gobernada por Manuel Robles. Allí, aunque sí que han congelado los sueldos, el grupo municipal popular ha denunciado la decisión del alcalde de ampliar el pago de trienios por antigüedad a sus cargos de confianza.
Mientras en Coslada, donde gobierna Ángel Viveros, los sueldos llevan congelados desde 2008, gracias a una propuesta del PP, pero no han reducido cargos de confianza, como han hecho, por ejemplo, en Getafe.
Quienes sí seguirán los pasos del Gobierno autonómico, y se bajarán el sueldo, serán los diputados madrileños. Lo adelantó ABC la semana pasada y ayer lo confirmó la Junta de portavoces de la Cámara regional. En un principio se esperaba que fuera la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, quien recogiera el guante lanzado por Esperanza Aguirre. Pero finalmente fue el portavoz del PP, David Pérez, quien -la víspera de San Fermín- cogiera el toro por los cuernos para llevar esta propuesta a la Cámara.
La bajada de un 2% en las nóminas se hará efectiva en agosto, y se oficializará la semana que viene en la Mesa de la Asamblea. Los populares quieren que esta institución también dé ejemplo. «La bajada no es mucho, pero lo importante es el mensaje que se pretende lanzar a los madrileños», apuntó ayer David Pérez a ABC.
PSOE e IU, «a pesar de tener el sueldo congelado desde enero», como recuerdan los socialistas, aceptaron la rebaja. Ambos partidos, además, propusieron otra serie de medidas encaminadas a recortar el gasto de las administraciones. El PSOE cree que el Gobierno regional debería recortar en propaganda institucional y en alquileres de locales para la administración, así como eliminar la posibilidad de que los viceconsejeros que también son diputados perciban doble retribución por su condición de diputado. IU, además, también propuso la renuncia al cobro de dietas en consejos de administración.
