España y el Reino Unido han llevado a cabo un intercambio de notas en el que se señala que cualquier acuerdo que Gibraltar firme con un Estado para intercambiar información en materia fiscal lo será «por delegación expresa» del Gobierno británico, según supo ABC de fuentes solventes. Con este compromiso, se trata de evitar lo sucedido el pasado 31 de marzo cuando las autoridades del Peñón suscribieron un TIEA (Tax Information Exchange Agreements) con Estados Unidos, con una escenificación propia de un país independiente, lo que provocó las protestas formales de España ante Washington y Londres.
El TIEA suscrito por Gibraltar con Estados Unidos fue el primero de su plan para tratar de cumplir las condiciones de la OCDE que le permita salir de la «lista gris» de paraísos fiscales que se han comprometido a respetar las reglas, pero no las han aplicado «sustancialmente»
El Gobierno español no tiene nada en contra de ese tipo de acuerdos, al contrario, los considera muy positivos. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores se vio sorprendido por la puesta en escena de la firma del acuerdo con Washington: ante una bandera de Estados Unidos y otra de Gibraltar, sin que estuviera presente la del Reino Unido, un hecho que España considera puede afectar a su histórica reclamación sobre la soberanía del Peñón, al ser presentada la colonia británica como si fuera un ente independiente.
El canje de notas efectuado ahora da garantías a España de que los TIEA que firme Gibraltar no son acuerdos internacionales sino administrativos y de que lo harán por delegación expresa del Reino Unido, que es quien tiene las competencias en ese campo, al ser el Peñón una colonia.
Al propio tiempo, Gibraltar se comprometerá a realizar la firma de los acuerdos de manera más discreta, evitando situaciones como la de la firma con Estados Unidos. De hecho, recientemente, las autoridades del Peñón firmaron otro acuerdo similar con Irlanda, al que no dieron tanta publicidad.
La denuncia española había frenado la firma de acuerdos de este tipo por parte de Gibraltar con una docena de países, entre ellos varios de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Italia, que prefirieron esperar a que Madrid y Londres resolvieran su contencioso, para no molestar al Gobierno español.
