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El juzgado de Corcubión inculpa a la armadora del «Prestige» y ordena el embargo de todos sus bienes

La juez fija una fianza provisional de 87 millones de euros, que el Estado español se «cobrará» de los activos financieros que posee la gestora del petrolero

Actualizado 06/07/2005 - 03:44:57
ABC  Momento en el que el «Prestige» se partió en dos y se hundió frente a las costas gallegas, provocando la peor tragedia ecológica de la historia de España
ABC Momento en el que el «Prestige» se partió en dos y se hundió frente a las costas gallegas, provocando la peor tragedia ecológica de la historia de España

La juez adopta la medida ante el riesgo de que las acciones delictivas prescriban el próximo 13 de noviembre

ÉRIKA MONTAÑÉS

SANTIAGO. Cae la primera ficha del dominó. El entramado empresarial que se oculta tras la mayor catástrofe ecológica de la historia de España va a empezar a responder por el siniestro y también por los perjuicios ocasionados, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, que instruye la causa abierta tras el hundimiento del petrolero «Prestige», haya determinado imputar a la armadora griega Universe Maritime LTD como responsable civil directa del desastre. La juez entiende que ésta mantenía relaciones «en todo momento» con el ya procesado capitán del buque, el septuagenario Apostolos Mangouras, asumiendo «el control de las incidencias durante la navegación del barco», además de la negociación de su rescate.

Han sido necesarios más de 20.000 folios de sumario, treinta y dos meses de instrucción y tres magistrados diferentes para que la demanda civil contra la propietaria liberiana del buque, la fletadora suiza, la aseguradora británica, la clasificadora estadounidense o la armadora griega dé sus primeros frutos. Y aunque todos los ojos miraban hacia la penúltima, la sociedad ABS, a tenor de las pruebas presentadas por la abogacía del Estado, ha sido la juez María Jesús Souto -sustituta de la titular del juzgado coruñés, María Jesús García, y quien se hizo cargo del caso hace pocas semanas- quien ha dado un vuelco radical a la causa y ha señalado con el índice judicial a la griega Universe Maritime LTD, también investigada a petición del Ministerio Fiscal.

«Al vídeo me remito»

En el auto, sin precedentes en España,la juez avala esta decisión porque la empresa fue consciente -a través de las «continuas comunicaciones que mantenía con el capitán del barco, con quien le unía una relación contractual»- de lo que estaba ocurriendo, asumió el control y es a ella a quien se deben dirigir todas las «pretensiones posteriores», a pesar de que el Derecho Marítimo Internacional establece con contundencia la «responsabilidad limitada» en casos similares.

Entre las pruebas barajadas por la juez y que han sido catalogadas por fuentes jurídicas como «cruciales», se encuentra la declaración del administrador de la compañía, Michael Margretis, y la grabación de un vídeo tomado desde el helicóptero de Salvamento Marítimo de la Xunta, el «Pesca II», durante el tiempo en el que el remolcador «Ría de Vigo» socorrió a la tripulación del petrolero sentenciado a muerte.

La responsabilidad civil de la que habla la juez se une a la penal impuesta a Apostolos Mangouras, que permaneció en prisión entre noviembre de 2002 y febrero del año siguiente condenado por un delito de desobediencia y otro contra los recursos naturales, y que salió en libertad bajo fianza de tres millones de euros, una cuantía que dio idea de la envergadura de la demanda civil que imponía la Administración central para cobrar la factura derivada de la catástrofe.

De momento, a la gestora del «Prestige» tampoco le van a salir las cuentas, ya que la juez de Corcubión decreta en su auto el embargo total de activos financieros, cuentas corrientes, dinero en efectivo y mobiliario propiedad de la armadora. Fija una fianza provisional en más de 87 millones de euros (los que se estima que ha pagado hasta la fecha el Estado español a los afectados por el vertido del crudo tanto en la vertiente atlántica como en la cantábrica del país) y ordena que se apliquen las comisiones rogatorias penales a través del auxilio judicial en el ámbito de la Unión Europea para que la Justicia española pueda intervenir «sin necesidad de requerimiento previo» todos los bienes de la empresa «manager» del buque.

Las acciones prescriben en 4 meses

La juez sostiene, por último, que ha decidido adoptar las medidas cautelares ante el riesgo de que la sentencia que se dictamine en el procedimiento global no se pueda ejecutar, porque las acciones delictivas prescriben como máximo tres años después de la producción del daño en el Derecho español; esto es, el próximo 13 de noviembre.

Sujeta a recurso por parte de la empresa imputada en la Audiencia Provincial de La Coruña, esta medida preventiva arroja la primera luz al mastodóntico proceso judicial que continuó al naufragio, disgregado en Estados Unidos y en Corcubión, y que aún debe aportar más novedades.

La decisión es el primer golpe de efecto contra la trama empresarial oculta tras el naufragio
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